El homicidio de un prominente activista agrario y otros tres indígenas en la región Amazónica de Perú ha sido atribuido a madereros ilegales; un caso que resalta la amenaza que representa la industria del tráfico de madera para quienes intentan frenarlo.
Edwin Chota, un activista que buscaba ganar títulos de propiedades para la comunidad indígena Ashaninka en la región de Ucayali en Perú, fue asesinado junto a otros tres Ashaninkas el primero de septiembre, informó the Guardian.
Los detalles del incidente siguen siendo borrosos. Según EFE, en el momento de los asesinatos los hombres iban camino a reunirse con otros líderes Ashaninka en Brasil para discutir estrategias para frenar la tala ilegal de árboles, la deforestación, y el narcotráfico en la región. Otro informe indicó que los hombres habían sido asesinados mientras caminaban rumbo a una comunidad hermana en Brasil, y luego fueron encontrados muertos. Sin embargo, en un informe opuesto, un líder local aseguró que los hombres fueron tomados por la fuerza por madereros ilegales, quienes luego les dispararon en la cancha de deportes local frente a los pobladores, según the Guardian.
El 9 de septiembre, el presidente Ollanta Humala anunció que la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura investigarían los homicidios, y dijo que las “mafias” de la tala ilegal de árboles eran sospechosas del crimen, informó EFE.
El director del grupo de preservación Environmental Investigation Agency, dijo a los medios que Chota y otros líderes comunitarios habían recibido amenazas de muerte antes, y que habían pedido protección a las autoridades peruanas.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que ciertos interrogantes sobre el incidente aún siguen sin resolverse, este caso sirve como un recordatorio de los peligros que enfrentan los activistas agrarios latinoamericanos en su trabajo. Latinoamérica es la región más peligrosa para los ecologistas. Brasil es de lejos el peor país del mundo en este asunto, mientras que Perú clasifica de cuarto. Muchos asesinatos están conectados a disputas de territorios, aunque los grupos criminales relacionados con el comercio de la tala ilegal también tienen un papel importante en la violencia.
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Perú es uno de los principales exportadores de madera dura. Según un estudio de 2012 del Banco Mundial, cerca del 80 por ciento de las exportaciones de madera del país son ilegales. La industria de la tala ilegal es atractiva para los carteles de la droga que buscan diversificar sus fuentes de ingresos. Les sirve como una forma de lavar las ganancias del comercio de drogas, y las embarcaciones de madera pueden ser usadas para traficar cargamentos de drogas.
En la región fronteriza entre Perú y Brasil, la industria de la tala ilegal de ambos países está muy conectada, y aquellos involucrados actúan con impunidad gracias a policías corruptos que les cobran un soborno a cambio de hacerse los de la vista gorda. Las comunidades indígenas presentes en esta región son vulnerables a las incursiones de los madereros ilegales.
En general, el ecotráfico –que también incluye crímenes contra la vida salvaje como la caza furtiva- es una industria altamente lucrativa en Latinoamérica, y la corrupción juega un rol principal en el comercio.
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