El nuevo gobierno de Honduras ha alabado el incremento en los arrestos e incautaciones de droga, bajo la política de seguridad de mano dura del nuevo presidente, aunque los informes de que las prisiones del país generan US$180 millones en ingresos ilegales anuales sirven como un recordatorio de los efectos negativos que puede tener llenar las prisiones.
Según las fuerzas de seguridad hondureñas, en los primeros diez días de la Operación Morazán –una serie de medidas severas de seguridad anunciadas por el presidente Juan Orlando Hernández en su toma de posesión el 27 de enero- se han producido más de 200 arrestos, el desmantelamiento de grupos criminales, y la incautación de más de dos toneladas de cocaína y de varias armas, informó La Tribuna.
Sin embargo, mientras Honduras continúa arrestando a presuntos criminales, el coordinador de la Comisión de Transición de los Centros Penales del país, José Augusto Ávila, ha informado que el crimen organizado en las altamente pobladas prisiones del país está obteniendo ganancias de alrededor de US$180 millones anuales, o cerca de US$500.000 diarios. Según el funcionario, las ganancias fueron producto del narcotráfico, la extorsión, y los robos a bancos, todos coordinados desde la prisión por medio de teléfonos celulares, informó La Prensa.
Hay más de 13.000 reclusos en las 24 prisiones del país, las cuales tienen capacidad sólo para 8.000. Más del 50 por ciento de los reclusos están en prisión preventiva, según La Presa.
Análisis de InSight Crime
La exitosa campaña presidencial de Hernández se basó en la promesa de implementar las llamadas políticas de seguridad de “mano dura” para combatir la violencia del país –que lo ha convertido, en los últimos años, en el país más peligroso del mundo, por fuera de una zona de guerra. Aunque estas políticas, que hacen un gran uso del encarcelamiento, han sido comunmente implementadas en Centroamérica para combatir los altos niveles de violencia, existe evidencia significativa que sugiere que no han logrado reducir la violencia, y de hecho han fortalecido a las pandillas. En el contexto de las ya florecientes economías de las prisiones de Honduras, el enfoque de Hernández en los arrestos genera preocupaciones de que pueda terminar creando un problema aún mayor a largo plazo.
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La debilidad institucional en los sistemas penitenciarios de la región, facilita a los presos el control sobre las dinámicas internas de las cárceles, haciendo de ellas un caldo de cultivo para la actividad criminal. El amplio uso de la detención preventiva antes del juicio también implica que muchos presos, que pueden ser delincuentes menores o incluso inocentes, se terminan mezclando con, o son influenciados por, criminales peligrosos.
El uso de teléfonos celulares para extorsionar es una táctica criminal comúnmente utilizada por los prisioneros a lo largo de la región, mientras que las economías de las prisiones también son alimentadas por las dinámicas internas –como la extorsión mutua de prisioneros- y la corrupción entre los guardias.
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