Honduras ha reformado su Código Penal para condenar a cadena perpetua a aquellos declarados culpables de asesinar a ciertos tipos de funcionarios, incluyendo jueces y policías, pero es probable que la impunidad generalizada reduzca la eficacia de la medida.
El 22 de octubre, el Congreso de Honduras elevó la pena máxima por homicidio de 40 años a cadena perpetua en prisión para los casos que involucren a los siguientes tipos de víctimas, informó El Heraldo:
- Jefes de una de las tres ramas del gobierno -es decir, el presidente, el presidente del Congreso, o el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
- Miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad -integrado por los jefes de diversos organismos de seguridad, incluyendo la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el organismo de Inteligencia Estatal.
- Miembros del Congreso.
- Agentes de la Policía Nacional.
- Miembros del Ejército de Honduras
- Testigos protegidos.
- El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El Congreso también aprobó sanciones más estrictas para quienes extorsionen, amenacen o secuestren a estos funcionarios, informó Proceso Digital.
Las reformas fueron propuestas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad después de que dos fiscales fueran asesinados el 10 de octubre en un ataque que la policía atribuyó a la pandilla Barrio 18.
Análisis de InSight Crime
Aunque penas más severas podrían disuadir a los grupos criminales de atacar a los funcionarios públicos y a las fuerzas de seguridad, es poco probable que generen un cambio significativo si no están acompañadas de reformas a la justicia que aborden la problemática de la impunidad. La tasa de impunidad en Honduras está por encima del 97 por ciento, lo que significa que la mayoría de los asesinos pueden contar con no ver el interior de una sala de audiencias, incluso si su víctima era funcionario público.
En Honduras los abogados y los funcionarios de la justicia y de las fuerzas de seguridad a menudo son el blanco de los ataques de las pandillas y de otros grupos criminales. Desde 2010 al menos 84 abogados han sido asesinados, incluyendo unos cinco fiscales. El caso más reciente es el de Iris Argueta, quien fue asesinada el 23 de octubre en el departamento de Olancho.
Un exjefe de la policía fue asesinado en Tegucigalpa en 2013, apenas un mes después de que un alcalde fuera asesinado a tiros en el occidente de Honduras.
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De los cinco fiscales asesinados desde 2010 -incluyendo al jefe de la unidad contra el lavado de activos, quien recibió un disparo en abril de 2013- sólo uno de los casos ha dado lugar a una condena.
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