Los legisladores en Honduras consideran copiar la decisión de clasificar a las pandillas como grupos terroristas tomada recientemente por las autoridades en El Salvador, lo que suscita la pregunta sobre cómo dicha medida ayudaría en la lucha que libra actualmente este país centroamericano contra la violencia de pandillas.
Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, declaró que los legisladores podrán proponer cambios al código penal para clasificar a las pandillas como organizaciones terroristas, según una nota publicada en El Heraldo. Los comentarios de Zambrano surgen unos días después de que la Corte Suprema de El Salvador decretara que las maras Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que operan en ese país, constituyen grupos terroristas.
Zambrano se apresuró a comentar que cualquier cambio propuesto al código penal podría no pasar el proceso de revisión que se realizará antes de la votación final sobre la legislación.
En julio de este año, el Congreso de Honduras aprobó una ley conocida como "ley antimaras", que aumentó las penas para miembros y cabecillas de bandas criminales. La legislación establece penas de entre 20 y 30 años para pandilleros declarados culpables y hasta 40 años para sus cabecillas. Bajo la designación de terrorismo, cualquier pandillero, independientemente de su jerarquía en la estructura criminal, podría enfrentar condenas hasta de 40 años.
Análisis de InSight Crime
No es claro lo que logre la decisión de reclasificar las maras como organizaciones terroristas en Honduras. Tanto Honduras como El Salvador tienen desde hace años severas leyes antimaras en sus constituciones, pero ninguno de los dos países ha logrado reducir de manera importante la proliferación de la actividad pandillera. La implementación de leyes más duras es una forma ineficaz de afrontar la violencia pandillera si las instituciones que las aplican siguen siendo corruptas e ineficientes.
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Con la propuesta de actualizar el código legal de Honduras, el terrorismo se definiría como cualquier acto violento premeditado cometido por una organización criminal con el fin de intimidar la sociedad en su conjunto, al gobierno o a un organismo internacional. La motivación política no sería prerrequisito para la designación de terrorismo.
Sin embargo, la justificación para señalar a Barrio 18 y MS13 como organizaciones terroristas es muy cuestionable, y de hecho puede ser contraproducente al conferir cierto grado de estatus político a estos grupos criminales. La lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos sólo incluye a los grupos armados ilegales en Latinoamérica que se formaron en un contexto político, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia y Sendero Luminoso en Perú. En contraste, las motivaciones polítias detrás de las actividades criminales de las pandillas se mantienen en duda.
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