El gobierno de Honduras tiene previsto crear una nueva fuerza de policía comunitaria, integrada por 4.500 personas, y reorganizar la estructura de las unidades policiales existentes, aunque ninguno de los planes parece ser capaz de abordar los profundos y arraigados problemas que socavan a las fuerzas de seguridad del país.
El ministro de seguridad Arturo Corrales anunció planes para las nuevas unidades de policía comunitaria, que el gobierno pretende implementar desde el 1 de septiembre –menos de cinco meses antes de que el actual gobierno termine su mandato–. Dos nuevos Centros Nacionales de Operaciones estarán a cargo de supervisar a estos nuevos oficiales, y los monitorearán utilizando un sistema de GPS de alta tecnología, informó El Heraldo.
Corrales dijo que con la adición de la policía comunitaria, se espera "una bajada rápida" en los niveles de violencia, según informó el periódico nicaragüense El Nuevo Diario.
La Prensa señaló que como parte del plan, la fuerza policial del país también se reorganizaría en 18 unidades departamentales, 10 unidades metropolitanas, 170 distritos de policía y 450 unidades de policía comunitaria, y Tegucigalpa y San Pedro Sula serían divididas en cuadrantes para facilitar los esfuerzos de seguridad.
Corrales informó que 175 nuevos vehículos ya habían sido adquiridos por la fuerza, y que el gobierno estaba buscando conseguir 300 motos y 5.000 chalecos antibalas.
Análisis de InSight Crime
Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, una situación que ha sido agravada por la debilidad y la corrupción en la policía, la cual está muy involucrada con el crimen organizado. La incapacidad de la policía para garantizar la seguridad ha llevado al gobierno a desplegar patrullajes militares en las calles de sus dos ciudades principales: San Pedro Sula y Tegucigalpa. No obstante, San Pedro Sula sigue registrando altos niveles de violencia, con 48 cuerpos enviados a la morgue en tan sólo dos días en agosto.
Los esfuerzos previos de reformar la policía, que han incluido la realización de los análisis psicológicos y pruebas de detector de mentiras, no han tenido éxito y han encontrado una fuerte resistencia dentro de la institución. Parece poco probable que la adición de la policía comunitaria a este contexto resuelva el problema, ya que trabajaría junto con una fuerza en sí corrupta, lo que reduce significativamente la posibilidad de que sea efectiva.
Las reformas se debilitan aún más por la posición del gobierno, que tiene poco tiempo para supervisar la aplicación del plan antes de las elecciones presidenciales programadas para noviembre, y el traspaso del poder en enero.
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