Una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras se puso en funcionamiento luego de recibir a sus primeros internos, lo que marca un paso inicial hacia la reestructuración planeada para el problemático sistema carcelario del país.
El 19 de septiembre, las autoridades hondureñas trasladaron a 37 presos de alto riesgo, incluidos cabecillas de la mara Barrio 18, a la nueva cárcel El Pozo, según una nota de La Prensa. El diario también informó que muchos de los presos son sospechosos de ordenar asesinatos, secuestros o extorsión desde dentro de su centro de reclusión anterior.
El complejo carcelario de US$25 millones, recién puesto en operación, empezó a construirse en 2014 y se encuentra completo en un 98 por ciento, con una capacidad total para albergar a más de 2.000 internos distribuidos en tres secciones separadas: un área de seguridad baja, mediana y alta, según informes de El Heraldo.
Ubicada en una zona remota del departamento de Santa Bárbara, la instalación debe aislar por completo a los presos más peligrosos. Cinco divisiones de puertas vigiladas separan la zona de confinamiento de máxima seguridad de las instalaciones externas del centro, y los reclusos no tendrán acceso a internet, teléfonos móviles o fijos, según informes de La Prensa.
El presidente Juan Orlando Hernández comentó que los internos de alto riesgo tendrán derecho a una hora diaria de sol. No tendrán "derecho a llamadas telefónicas y serán suspendidas de forma indefinida las visitas”, declaró, señalando que estos reclusos habían "abusado del derecho de visita y de comunicaciones, utilizando claves y otras artimañas para enviar mensajes a sus cómplices en el exterior".
Como informó La Tribuna, el presidente también anunció que la nueva instalación respeta las regulaciones de las Naciones Unidas en relación con el trato a prisioneros, y que los guardias de la prisión que trabajan en la zona de confinamiento de alta seguridad fueron entrenados según los estándares internacionales.
Análisis de InSight Crime
Con una tasa de hacinamiento de casi 200 por ciento y más de 8.000 personas detenidas en espera de un juicio, muchos expertos han expresado sus temores de que las instalaciones carcelarias en Honduras favorecen la actividad criminal en lugar de contenerla. Y aunque muchos internos son tenidos en condiciones que van contra las normas internacionales, unos cuantos criminales poderosos o antiguos miembros de la élite llevan estilos de vida lujosos dentro de los muros de las prisiones.
El mismo día del traslado de los 37 presos, informes de noticias revelaron que Arnaldo Urbina Soto, exalcalde sospechoso de participación en narcotráfico y sicariato, había estado ocultando más de US$200.000 en su celda, que además se dice que estaba equipada con aire acondicionado, baño privado y guardarropa.
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Aunque no todos los criminales disfrutan los mismos privilegios que este antiguo miembro de la élite política, algunas instalaciones tienen deficiencias administrativas tan profundas que los jefes de las pandillas han asumido el control y se les permite realizar actividades ilegales desde la cárcel. En vista de estas falencias, el presidente Hernández anunció "una reestructuración profunda" del sistema penitenciario a partir del mes de septiembre.
Mejores medidas de seguridad, como las que se planean para El Pozo ayudaría a resolver algunos problemas críticos de las cárceles en Honduras. Pero aun las modernas instalaciones pueden verse afectadas por la corrupción entre los guardias y otros agentes penitenciarios, algo que los funcionarios hondureños tendrán presente para garantizar que el gasto de millones de dólares en la nueva instalación no fue en vano.
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