Las autoridades de Honduras han desmantelado una red que prostituía niñas menores de edad, en un caso en el que las fuerzas de seguridad no sólo protegían las operaciones criminales, sino que también estaban dentro de su lista de clientes.
El 14 de octubre, la Fiscalía Especial de la Niñez arrestó a Xiomara Patricia Olivera Paguada, acusada de reclutar mujeres y niñas en Jutipalca –al oriente de Honduras- llamándolas y ofreciéndoles trabajos con altos salarios, informó La Tribuna. Las víctimas luego eran forzadas a prostituirse. Una de las presuntas víctimas de Olivera era la hijastra de su propia hermana, una niña de 15 años que asegura haber sido forzada a sostener relaciones sexuales con al menos 10 policías y dos miembros del ejército.
Dos de estos presuntos clientes eran el agente clase I de la policía Eddy Rolando Caballero Merlo y el coronel del ejército Ángel Andrés Flores Amador, ambos han sido detenidos. Según Nora Urbina, titular de la Fiscalía Especial de la Niñez, los principales clientes de Olivera eran miembros de las fuerzas de seguridad, informó El Heraldo.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que la cifra de víctimas en el caso actual continúa siendo desconocida, el caso resalta el problema sistemático de la explotación sexual comercial de menores en Honduras. La participación de agentes de las fuerzas de seguridad es una preocupación en particular: si miembros corruptos de la policía y el ejército apoyan activamente la prostitución infantil el crimen será mucho más difícil de combatir.
El Informe sobre la Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés) 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que las mujeres y niñas hondureñas son explotadas sexualmente tanto dentro del país como en Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos, y que los esfuerzos de seguridad para enjuiciar este crimen continúan siendo débiles. La prostitución forzada es un problema significativo en lo que respecta a la trata de personas: el 60 por ciento de las víctimas asistidas por el principal programa de protección de Honduras en 2010 señalaron que habían sido explotadas sexualmente con fines comerciales.
A nivel nacional, la mayor parte de los delitos sexuales contra los niños reportados entre 2010 y 2012 por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) del país fueron abusos que incluyen agresiones sexuales, actos lascivos y violación. Sin embargo según el albergue infantil Casa Alianza (pdf) también se reportaron 20 casos de explotación sexual y 33 de proxenetismo. Los autores de crímenes sexuales pueden ir desde familiares y vecinos hasta maras e incluso agentes de la policía.
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Tanto Honduras como el vecino El Salvador han adoptado medidas legales para combatir la trata de personas, abarcando la trata con fines de explotación sexual y también para trabajo forzado. En 2012 Honduras promulgó una ley contra la trata que establece una pena de 10 a 15 años para el crimen. Mientras tanto, El Salvador ha aprobado una legislación que más que duplicara la pena máxima de prisión para la trata de personas, pasando de ocho a 20 años.
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