El Congreso de Honduras aprobó un plan para añadir 1.000 soldados más a las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, lo que plantea la cuestión de si la simple adición de más soldados puede mejorar la seguridad en un país donde la reforma policial, que tanto se necesita, parece haberse estancado.
El decreto del Ejecutivo, que el Congreso aprobó el 11 de junio, sostuvo que actualmente las fuerzas armadas no cuentan con suficiente personal, informó El Heraldo. Una comisión del Congreso aprobó el uso de 89 millones de lempiras (casi US$4,4 millones) para cubrir el gasto que supone los nuevos reclutas.
Antes de su aprobación, el decreto fue objeto de un intenso debate entre los legisladores. Sergio Castellanos, representante del partido Unificación Democrática, argumentó que Honduras necesitaba 1.000 policías más, más de lo que el ejército necesitaba tropas.
Castellanos no es el único legislador preocupado por la policía de Honduras. El 10 de junio, el Secretario de Seguridad Arturo Corrales se presentó ante el Congreso para responder preguntas sobre el estado de la reforma policial del país, la cual comenzó hace más de un año, según informó El Nuevo Heraldo. No obstante, Corrales, quien asumió el cargo hace seis semanas, no proporcionó cifras sobre cómo se están llevando a cabo las pruebas de confianza en la policía, alegando que la ley le prohíbe divulgar los resultados de las pruebas.
El ministro sí informó que un censo de la policía había encontrado que el número total de policías se había reducido de 12.100 en febrero a 11.281 en mayo.
Análisis de InSight Crime
Las declaraciones de Castellanos hacen eco de la preocupación de que Honduras está militarizando cada vez más su lucha por controlar la violencia del crimen organizado, a expensas de su fuerza de policía civil. Los planes para crear una unidad élite de policía militar, separada de la policía regular, anunciados a principios de este mes, junto con el despliegue militar en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, indican una superposición de funciones que podría tener consecuencias importantes en las cuestiones de seguridad y de Derechos Humanos.
Sin embargo, no está claro si más policías ayudarán a mejorar la situación, mientras que el proceso de reforma continúa a la deriva. Un ejemplo de la desorganización de la reforma policial de Honduras son las estadísticas contradictorias ofrecidas por los funcionarios que supuestamente trabajan al unísono, ya que las cifras facilitadas al Congreso por Corrales difieren significativamente de las presentadas en abril por el controvertido director de la policía, Juan Carlos Bonilla.
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