Se dice que las autoridades de Honduras han confiscado millones de dólares en propiedades ligadas a la red narcotraficante Los Cachiros, un nuevo golpe asestado a la debilitada estructura criminal.
Las autoridades realizaron casi una docena de allanamientos, en los que aseguraron 131 propiedades y 11 empresas, según anunció la Fiscalía General de la República hondureña en un comunicado del 25 de septiembre. Según La Tribuna, el valor total de los bienes decomisados superaron los 100 millones de lempiras (US$4,2 millones).
Además, la Fiscalía General identificó a varias personas relacionadas con transacciones sospechosas de propiedades y empresas realizadas con Marlene Isabel Cruz Quintanilla, esposa del jefe de Los Cachiros Javier Rivera Maradiaga, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.
Una de esas figuras fue Jessica María Paz Castellanos, quien presuntamente se hizo cercana de Rivera Maradiaga y su esposa luego de que se conocieran en 2012.
La Prensa describió a Paz Castellanos como el "cerebro" de las operaciones financieras de Los Cachiros. Se sospecha que ella creó varias firmas de papel para ayudar a lavar las ganancias del grupo derivadas del narcotráfico.
La Fiscalía General también señaló que las investigaciones habían puesto al descubierto transacciones sospechosas ligadas al empresario Juan Ángel Maradiaga López y al actual diputado en el congreso Midence Oquely Martínez, quien se postuló para su reelección en el antiguo fortín de Los Cachiros, en el departamento de Colón.
Análisis de InSight Crime
Las confiscaciones más recientes representan apenas una gota en el cubo de los más de US$800 millones en propiedades que las autoridades hondureñas afirman haber expropiado a Los Cachiros en los últimos años, una organización que básicamente se extinguió como organización criminal luego de que sus cabecillas —los hermanos Javier y Devis Leonel Rivera Maradiaga— se entregaran a las autoridades estadounidenses en 2015.
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Sin embargo, las expropiaciones son una señal de que continúan las investigaciones a la red de Los Cachiros, y el hecho de que afloren los nombres de importantes figuras de la empresa y la política puede ser una señal de que en el futuro podrían formularse cargos penales contra nuevos sospechosos. No cabe duda de que el testimonio rendido por Javier Rivera Maradiaga en conexión con su declaración de culpabilidad por cargos de drogas en Estados Unidos ha implicado a varios miembros de las élites hondureñas por connivencia con la organización criminal que dirigió.
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