Los transportistas de Honduras pusieron fin al paro, luego de que el gobierno acordara nuevas medidas de seguridad para frenar la violencia y la extorsión que afecta a los conductores de transporte público. Sin embargo, otras experiencias en la región sugieren que estas medidas pueden no ser suficientes.
El paro duró ocho horas y tuvo lugar el 22 de octubre en la ciudad de Tegucigalpa. El paro fue resuelto luego de que el gobierno acordara aumentar los patrullajes de la policía e instalar cámaras de seguridad en buses y paraderos de buses, informó La Prensa. El gobierno también acordó introducir patrullajes militares en mercados, terminales, paradas de buses y puntos de taxi.
Los manifestantes pidieron al gobierno tomar medidas para detener la ola de violencia que ha dejado 58 conductores de buses asesinados en lo que va de 2014, según La Prensa. El homicidio más reciente ocurrió tan sólo dos días antes del paro.
El titular de la Dirección General de Transporte (DGT) afirmó que los manifestantes estaban buscando recuperar unos subsidios que no les han sido pagados, afirmación que el presidente del Consejo Nacional de Transporte (CNT) negó.
Análisis de InSight Crime
La extorsión al transporte público es abundante en Honduras y en otros países alrededor de la región del Triángulo del Norte. Las pandillas callejeras cobran a las compañías de buses por el derecho de desplazarse a través de su territorio. Si no se realizan los pagos, los conductores son asesinados y sus buses quemados. Tales incidentes se han hecho tan comunes en lugares como Guatemala, que ser un conductor de bus allí fue catalogado como “el trabajo más peligroso del mundo”.
Aunque estas nuevas medidas pueden brindar seguridad adicional para los conductores de buses, aún está por verse si realmente provocarán una disminución en la violencia contra los transportistas. Poner más cámaras de seguridad en los paraderos de buses podría resultar siendo sólo un paño de agua tibia; una solución que realmente no abordaría el poder de las pandillas que son capaces de hostigar y asesinar a los conductores de buses impunemente.
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Otros países han luchado por resolver el problema de la violencia contra los trabajadores del transporte público. En el vecino El Salvador, el gobierno una vez desplegó unidades antiterroristas para patrullar las rutas de los buses, y también hizo obligatorio el uso de tarjetas electrónicas para pagar sus tarifas –un sistema que Honduras también está explorando. Sin embargo, estas medidas no han tenido mucho impacto en El Salvador: según informes, las tarifas de extorsión para las compañías de buses se doblaron entre 2013 y 2014.