Un informe reciente ha revelado que en Honduras algunos presuntos criminales son detenidos y dejados en libertad varias veces sin haber pasado por un juicio, en una señal de la necesidad urgente de una reforma judicial en uno de los países más violentos del mundo.
Los presuntos miembros de pandillas y criminales de Honduras están siendo capturados y dejados en libertad por las autoridades en repetidas ocasiones, pues los fiscales fracasan consistentemente en generar evidencia suficiente para presentar cargos en su contra, informó La Tribuna.
En un ejemplo de esto, Joaquín Ernesto García Orellana, alias "El Topo", un presunto pandillero de Barrio 18, tiene 17 órdenes de captura en su contra por crímenes que van desde robo de vehículos hasta cargos de homicidio, según La Tribuna. Fue arrestado en enero después de ser sorprendido conduciendo un vehículo robado mientras portaba un chaleco de uso policial, pero fue dejado en libertad por falta de pruebas y, más recientemente, fue detenido por la policía en agosto.
El periódico hondureño también describe un caso que involucra a una mujer con 10 órdenes de captura que ha sido detenida en al menos tres oportunidades pero que nunca ha sido procesada formalmente; también está el caso de un presunto miembro de Barrio 18 que fue acusado de haber participado en el asesinato del hijo de un alto funcionario de la policía, pero a pesar de haber sido detenido nunca fue acusado de ningún delito.
Análisis de InSight Crime
Los casos destacados por La Tribuna apuntan a un complicado dilema de seguridad que es común en gran parte de Latinoamérica. Por un lado, las cárceles hondureñas están muy por encima de su capacidad gracias al uso generalizado de la prisión preventiva y el enfoque "Mano Dura" que el gobierno da a la delincuencia. Según la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización del país, menos de la mitad de los 16.000 presos de Honduras han sido condenados por un crimen.
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Pero la situación descrita por el informe de La Tribuna, es decir, los casos recurrentes de reincidentes que son arrestados pero nunca procesados, es otro problema aparte. Como uno de los países más pobres de Latinoamérica, Honduras no puede asignar con tanta facilidad más recursos gubernamentales a los abrumados fiscales ni al sistema judicial; pero es poco probable que la situación de seguridad del país mejore sin algún tipo de reforma judicial.
También hay otros países de Latinoamérica que se enfrentan a problemas de seguridad similares. En Colombia, sólo el 15 por ciento de aquellos que son arrestados terminan siendo encarcelados, y recientemente, el hacinamiento endémico ha llevado a que en las cárceles del país se presenten masivas huelgas de hambre.
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