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Honduras suspende a exdirectores de la policía implicados en asesinato

ÉLITES Y CRIMEN / 25 ABR 2016 POR DAVID GAGNE ES

Las autoridades de Honduras han suspendido a dos exdirectores de la policía nacional, así como a 25 funcionarios, por su presunta participación en el asesinato del zar antidrogas del país —una investigación que amenaza con poner en evidencia el grado de connivencia del Estado con el crimen organizado—.

En un comunicado de prensa del 21 de abril, una comisión especial encargada de depurar a la Policía Nacional de Honduras de oficiales corruptos ordenó la suspensión de dos exdirectores de la institución, Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Sabillón, mientras son investigados por el asesinato, en el año 2009, del general Julián Arístides González, quien en ese momento era un alto funcionario de la lucha contra las drogas en el país.

Ese mismo día, el actual director de la Policía Nacional, Félix Villanueva, le informó a la comisión especial que habían sido suspendidos otros 25 oficiales implicados en el escándalo, informó La Prensa.

Estas suspensiones ocurren después de que la semana pasada el New York Times presentara un informe en el que, con base en documentos de la Inspectoría General de Honduras, del Ministerio de Seguridad, se mencionan altos oficiales de la policía supuestamente involucrados en el asesinato. Según los documentos obtenidos por el diario, Ramírez del Cid y otro exdirector de la policía, José Luis Muñoz Licona, planearon el asesinato de Arístides González en 2009 y de quien alguna vez había sido su asesor, Alfredo Landaverde, dos años más tarde.

Los directores de la policía, así como los 25 oficiales que fueron suspendidos en días recientes, están siendo investigados por supuestamente trabajar para una organización criminal conocida como el Cartel del Atlántico. Al parecer, este cartel era dirigido por un hombre llamado Wilter Blanco. Los investigadores creen que Blanco ordenó el asesinato de Arístides González como venganza por frustrar un intento del narcotraficante para que la policía robara un cargamento de cocaína cinco meses antes.

Tras el informe del Times, tanto Ramírez del Cid como Muñoz Licona negaron su participación en los asesinatos.

Análisis de InSight Crime

Aunque la investigación ya ha llegado a los altos mandos de la policía hondureña, es probable que no se detenga allí. Como señala el New York Times, los documentos oficiales sugieren que hubo un encubrimiento sistemático a lo largo de varios años, en el que participaron funcionarios externos a la policía.

“Fue un tipo de pacto de silencio”, le dijo la periodista hondureña Thelma Mejía al Times. “Estos archivos pasaron por varios jefes de la policía, pero ellos no hicieron nada. Fueron conocidos por varios ministros de Seguridad y tampoco hicieron nada.

Un posible comodín de las investigaciones en curso son los narcotraficantes hondureños actualmente en custodia de Estados Unidos. Varios capos de la droga hondureños han sido extraditados, o bien se han entregado a las autoridades de Estados Unidos en los últimos años, y ellos podrían proporcionar información sobre los funcionarios corruptos.

Vea también: Noticias y perfiles de Honduras

Entre los que se encuentran en custodia de Estados Unidos están los jefes de la organización de narcotraficantes Los Cachiros, quienes tenían contactos en el ejército y la policía antes de su captura. Estos individuos pueden ser una fuente de información particularmente esclarecedora para los funcionarios de Estados Unidos en relación con este caso —un funcionario de la policía hondureña le dijo a InSight Crime que se cree que Winter Blanco se encontraba trabajando para Los Cachiros en el momento del asesinato de Arístides González. El funcionario agregó que se cree que Blanco opera en la región de Mosquitia en la remota costa noreste de Honduras, una zona que alguna vez fue controlada por Los Cachiros.

A petición de la comisión especial de reforma de la policía, la Embajada de Estados Unidos en Honduras recientemente proporcionó información que había reunido sobre corrupción y violaciones de derechos humanos al interior de la policía; además, cualquier otra información obtenida por las autoridades estadounidenses puede también ser transmitida a sus homólogos hondureños. 

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