Las autoridades de Honduras se preparan para vender las propiedades del narcotraficante extraditado Carlos "El Negro" Lobo; otro paso en los procesos judiciales que se han movido inusualmente rápido y que sirven como un indicio de la voluntad política que tiene el actual gobierno para atacar el crimen organizado.
Un fallo judicial ha expropiado las propiedades de Lobo, que las autoridades hondureñas incautaron durante varias operaciones en 2011, 2012 y 2014, informó La Prensa. Cuando el fallo entre en vigor el 5 de septiembre, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de Honduras determinará el valor de los activos y subastará muchos de ellos, distribuyendo los ingresos a las diferentes instituciones gubernamentales.
Según La Tribuna, los avalúos que han realizado las autoridades en 37 bienes ascienden a un valor estimado de más de US$8 millones. La OABI ha confiscado docenas de activos del narcotraficante extraditado, incluyendo 18 barcos de pesca, cuatro empresas pesqueras, 43 casas y 22 vehículos. El ex ministro de Defensa del país, Marlon Pascua, dijo previamente que en total los bienes incautados valían más de US$14 millones, informó La Prensa.
Raúl Suaz, el abogado de Lobo, dijo a La Prensa que planeaba apelar la expropiación de las propiedades, con base en el hecho de que su cliente no había sido condenado por narcotráfico en Honduras y que ni siquiera tiene antecedentes penales en el país.
Análisis de InSight Crime
La extradición en mayo de Lobo a Estados Unidos marcó la primera vez que Honduras extraditaba a un ciudadano hondureño a Estados Unidos en casi un siglo. La extradición se produjo menos de dos meses después de la detención de Lobo, por lo que fue un proceso rápido que parecía indicar una fuerte voluntad política para hacer frente al crimen organizado y a cooperar con las autoridades estadounidenses.
Ha habido otras señales recientes de que el país está tomando una postura más dura contra el crimen organizado, y en particular, en atacar las finanzas de los grandes criminales. La semana pasada, Honduras confiscó más de 50 propiedades que pertenecían al clan criminal los Valle, tras la detención en julio del miembro de la familia Digna Valle Valle en Estados Unidos. Tras una reciente visita a la ciudad fronteriza de El Espíritu -la base de operaciones de los Valle- La Prensa puso de relieve la yuxtaposición entre las mansiones de lujo de los Valle y las humildes moradas del resto de la población, así como la extrema dependencia económica de la ciudad en el grupo.
A finales de julio, las autoridades también confiscaron propiedades de la familia del narcotraficante convicto Juan Ramón Matta Ballesteros, quien se cree que ha sido el primer narcotraficante importante de Honduras. Además, las autoridades hondureñas han ido tras el grupo de transportistas los Cachiros, confiscándole a la organización US$800 millones en activos en 2013, aunque no se han presentado cargos formales contra los miembros del grupo.
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Suponiendo que los activos de Lobo serán subastados en septiembre, esto también representaría un proceso de confiscación de bienes relativamente rápido en Latinoamérica. Honduras, México y la vecina Guatemala han lidiado con dificultades burocráticas al tratar de emplear las legislaciones sobre extinción de dominio relativamente nuevas como una herramienta contra los narcotraficantes. Tales procesos son conocidos por llevar años.
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