Hoteles confiscados a José Adán Salazar Umaña, alias "Chepe Diablo", un empresario salvadoreño señalado por narcotráfico y acusado por lavado de dinero, recibieron dinero del gobierno de El Salvador como parte de un presunto esquema de pago de sobreprecios por alquileres durante el confinamiento por coronavirus que investigan la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
Entre marzo y abril de 2020, el gobierno de Nayib Bukele realizó pagos por US$842,435 dólares a Hotesa S.A. de C.V., una cadena hotelera propiedad de Salazar Umaña. Una auditoría estableció que, de esa cantidad, poco más de US$170,000 son pagos excesivos realizados en concepto de alquiler para que los hoteles funcionaran como centros de contención para pacientes infectados con coronavirus, según una investigación de El Faro.
Los activos de Hotesa actualmente son administrados por el estado salvadoreño como parte de un proceso de extinción de dominio a los bienes de Salazar Umaña. Fuentes citadas por el periódico salvadoreño en su reporte aseguran que, a pesar de estar bajo la tutela del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), la institución encargada de administrar activos decomisados en procesos judiciales, los hoteles de Hotesa “operan y se lucran” como una entidad privada.
El dinero que generan estos bienes y sociedades, mientras están bajo administración del CONAB, se usa para cumplir con las obligaciones salariales y legales de las mismas, mientras el lucro se congela hasta que terminan los procesos de extinción de dominio, según explicó a InSight un fiscal salvadoreño desde el anonimato por no estar autorizado a hablar de casos abiertos.
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Chepe Diablo fue acusado formalmente en 2016 de lavar más de US$138 millones de dólares a través de 38 empresas fachada, entre ellas los hoteles, y ha sido señalado de ser el líder del Cartel de Texis, una de las organizaciones de narcotráfico más importantes del país.
El juicio por lavado, que apenas comenzó en octubre pasado, ha confirmado hallazgos de investigaciones anteriores, como la publicada por InSight Crime que reveló como un exfiscal general ayudó a Salazar Umaña a enterrar casos en su contra.
Casos como el de Hotesa se repiten en otros 21 hoteles e inmuebles particulares que recibieron pagos excesivos por parte del gobierno salvadoreño, según las investigaciones de las autoridades salvadoreñas por corrupción durante la pandemia de coronavirus.
Análisis de InSight Crime
Las investigaciones que la contraloría y la fiscalía salvadoreñas realizan a los gastos que el gobierno Bukele hizo durante la pandemia empiezan a arrojar pistas de un esquema de corrupción a gran escala, que al parecer incluye empresas que ya fueron investigadas y confiscadas en uno de los procesos por lavado de dinero más importantes en la historia del país.
Los pagos realizados a Hotesa son parte de una serie de contratos que realizaron los ministerios de turismo y salud de El Salvador para prevenir la expansión del coronavirus en el país. Hoteles, hostales y residencias privadas recibieron contratos para prestar servicios como centros de contención para aislar a presuntos contagiados por periodos de hasta 30 días. La estrategia fue cuestionada porque los lugares contratados no facilitaban las medidas de aislamiento adecuadas y, a la postre, se convirtieron en focos de contagio.
La política de atención a la pandemia también está en la mira por presuntamente favorecer a familiares de funcionarios de Bukele como el ministro de salud Francisco Alabí, uno de cuyos primos rentó su casa al estado para que funcionara como centro de contención.
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En total, la renta de esos albergues costó unos US$5 millones al gobierno. Los cálculos de la contraloría estiman que los ministerios de turismo y salud pagaron hasta US$940,681 de sobreprecio por esos alquileres.
Durante los meses de pandemia al gobierno de Nayib Bukele ha recibido repetidas acusaciones de corrupción. El ministro de hacienda, José Alejandro Zelaya, fue señalado en una investigación de El Diario de Hoy de ser socio de una de las empresas que vendió tapabocas al Estado por casi el doble de su valor.
El 9 y 10 de noviembre pasados, la FGR llevó a cabo 20 allanamientos en varias instituciones del estado, entre ellos los ministerios de salud y hacienda, en busca de evidencias como parte de la primera gran investigación fiscal al gobierno Bukele por presunta corrupción.
Varios miembros de la administración, además, han negado al congreso y a instituciones contraloras y de la sociedad civil información sobre las transacciones por cerca de US$2 mil millones del fondo de emergencia aprobados para atender la pandemia.
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