Aunque el Cartel de Santa Rosa de Lima se ha llevado la peor parte en la guerra contra el robo de combustible emprendida por el gobierno de México, ha usado el poder que le queda en el estado de Guanajuato para echar mano de otra lucrativa economía criminal: la extorsión.
El paso del cartel a la extorsión se robó sus primeros titulares en septiembre, cuando ocho de sus miembros fueron detenidos por extorsionar a "tortillerías" (restaurantes de tortillas) y taquerías en Celaya, Guanajuato, según informó Televisa. Presuntamente las autoridades también descubrieron el centro de operaciones de la banda, de donde incautaron dinero, computadores, armas y vehículos, así como los registros de los negocios que extorsionaban. Los hallazgos mostraron que la banda también tuvo actividad en la extorsión en otros ciudades del estado, como Salamanca y Villagrán.
Carlos Zamarripa, fiscal general de Guanajuato, declaró a la prensa que sus analistas están procesando “documentos y hojas con listas de las víctimas y locales comerciales”.
Estas capturas ocurrieron luego de una serie de ataques a fábricas y ventas de tortillas en Guanajuato, que se remontan al mes de agosto. Según los propietarios de varias tortillerías, el Cartel de Santa Rosa de Lima exige pagos únicos de entre 30.000 y 500.000 pesos (US$1.500-US$26.000), además de pagos mensuales de 3.000 a 5.000 pesos mexicanos (US$150-US$260), según información de El Sol del Bajío.
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Una serie de ataques ocurridos en Celaya en el mes de agosto parecían relacionados con estas tácticas extorsivas. Varios ataques armados a dos establecimientos, dejaron un saldo de cuatro muertos y un herido, informó Milenio. En el restaurante Indita, en Lago Zirahuén, varios pistoleros abrieron fuego y asesinaron a tres mujeres que trabajaban en el establecimiento. La cuarta víctima fue un cliente de un depósito de materiales para construcción en la carretera panamericana. Otro ataque en la tortillería Perlita terminó causando daños a la propiedad, pero no se registraron pérdidas de vidas.
Esto motivó una huelga general de tortillerías en Celaya, donde muchos cerraron en protesta por la violencia de la que son objeto.
En Guanajuato, uno de los centros industriales de México, se han disparado las extorsiones a restaurantes, carnicerías y otros negocios. Pero las tasas de homicidio también se han duplicado desde 2017, principalmente como consecuencia de la guerra entre el Cartel Jalisco y el CSRL, y como resultado de eso, la abrumadora intervención del gobierno. Aunque el estado registró 1.084 homicidios en 2017, ese número ya había llegado a 2.000 en septiembre de 2019, informó Animal Político.
Análisis de InSight Crime
Aunque prometió no perseguir a los carteles, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha fijado como prioridad el sometimiento del Cartel de Santa Rosa de Lima, por la dependencia de dicha agrupación del robo de combustible o huachicoleo. En julio de 2019, las autoridades supuestamente habían arrestado o asesinado a 62 sospechosos de colaborar con el cartel en Guanajuato. Pero este cartel se formó y se impuso dentro de ese estado, por lo tanto no es sorpresa que desde entonces haya cambiado a otras economías criminales como la extorsión.
Surgido de una coalición de bandas locales para resistir la invasión del Cartel de Jalisco, el Cartel de Santa Rosa de Lima tiene profundas raíces en gran parte de Guanajuato. Pese a que en ese momento era relativamente desconocido, en enero supuestamente advirtió al presidente que retirara las fuerzas de seguridad que impedían el huachicoleo en la zona o habría muertos. La nota dejada cerca de la refinería de Pemex en Salamanca y firmada al parecer por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, cabecilla del cartel. Pese a la ofensiva del gobierno, El Marro continúa prófugo.
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En marzo de 2019, fuerzas armadas estatales y federales lanzaron el operativo Golpe de Timón contra el Cartel Santa Rosa de Lima. Pero los habitantes del lugar quemaron vehículos, bloquearon vías e impidieron la ejecución de las órdenes de cateo.
Sin embargo, la fortaleza del Cartel Santa Rosa de Lima es localizada, y se cree que no tiene fuentes de ingresos diversas. Aunque el gobierno ha dirigido sus acciones a sus operaciones de robo de combustible, la extorsión ha representado una alternativa de financiación relativamente sencilla.
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