Una pastoral de representantes de la Iglesia católica de Bolivia denuncia el tráfico y el consumo de estupefacientes en el país, y de manera controvertida adjudica parte de la culpa a las fuerzas de gobierno y seguridad “corruptas” del país.
La carta de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) —que recibió duras críticas del gobierno— se titula "Hoy pongo ante ti la vida o la muerte" (vea el documento abajo). En la publicación de 50 páginas, los sacerdotes manifiestan su preocupación de que el narcotráfico se haya convertido en "una realidad cada vez más alarmante en Bolivia", donde "el creciente tráfico y consumo de drogas ilícitas... afectan seriamente a la población boliviana, 'en su mayoría jóvenes'".
Un tema clave es el de la corrupción oficial, la impunidad, las deficiencias institucionales y la desconfianza del público en las autoridades bolivianas.
"Como es de dominio público, el narcotráfico... penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden", señala la carta. "La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades… encargadas de la lucha contra el narcotráfico".
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La carta también establece una diferencia entre los adictos a la droga y el narcotráfico. Mientras los consumidores necesitan recibir asistencia espiritual y humana, dicen los obispos, el narcotráfico debe considerarse un "crimen contra la humanidad, que hiere a la persona, genera violencia, muerte y desintegración familiar… representa un pecado grave y una ofensa al Dios de la vida… Por eso, nos unimos a [el antiguo papa] San Juan Pablo II para denunciar firmemente a los narcotraficantes como ‘mercaderes de la muerte'.
La pastoral promueve la prevención y la educación como elementos críticos en la lucha contra el negocio de la droga. Afirma la necesidad de atacarlo en sus movimientos financieros, incluyendo el lavado de dinero, y demanda mayor cooperación internacional entre los países afectados.
Los obispos además destacan los costos ambientales de los cultivos ilegales, aun cuando respetan el uso tradicional “permitido” de la hoja de coca en las culturas andinas.
Hoy pongo ante ti la vida o la muerte - Carta Pastoral sobre Narcotráfico y Drogadicción
Análisis de InSight Crime
El pronunciamiento de los obispos bolivianos sobre el tema del crimen organizado aparece de forma casi inesperada. Aunque durante décadas la Iglesia boliviana ha expresado sus preocupaciones y se ha opuesto al gobierno por el tema de la droga, esta parece ser la crítica más profunda al rol del estado en la industria del narcotráfico por parte de los obispos bolivianos en los últimos años.
Menos sorprendente es la acérrima reacción del gobierno boliviano hacia la carta. El presidente Evo Morales calificó de incomprensible que la Iglesia acusara de narcotráfico a los miembros del gobierno, y demandó que la institución presentara de inmediato los nombres de los presuntos funcionarios corruptos.
"Sean responsables con su discurso", declaró Morales, añadiendo que si la Iglesia no entrega la evidencia él asumirá que la institución quería "atacar el movimiento indígena, como en el pasado".
Otros funcionarios han reprochado la "metida de pata" de la Iglesia, por la carga política e ideológica, y por desconocer los avances que el estado ha buscado contra el narcotráfico.
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No cabe duda de que en Latinoamérica —una región con una cultura religiosa muy arraigada— la participación de la Iglesia católica en el debate sobre el crimen organizado puede ser poco fiable. Esto se debe en parte a esa postura conservadora que muchas veces va en contravía de la política nacional e internacional. La dura posición de los obispos bolivianos sobre el consumo de droga, por ejemplo, podría llegar a polarizar el debate de liberalización de las drogas que ha estado ganando fuerza en la región.
Más aún, La Iglesia misma se ha visto implicada en el crimen organizado en diferentes países, entre ellos México, Argentina y Paraguay, lo que afecta su credibilidad.
Sin embargo, esto no ha impedido a las figuras religiosas de todo el continente hacerse oír en la lucha contra las drogas. La Iglesia también se ha visto obligada a mediar en las treguas entre los grupos armados ilegales, como la tregua de pandillas de 2012 en El Salvador y las pasadas negociaciones de paz con la guerrilla colombiana, acuerdos que en últimas no prosperaron.