El movimiento guerrillero de las FARC en Colombia busca extender su cese unilateral al fuego, como un gesto de buena voluntad para el proceso de paz en el país. El anuncio también permite entrever el escenario de posconflicto en Colombia, en el cual se reorientaría la tarea del ejército de la lucha contrainsurgente al enfrentamiento a las redes del crimen organizado.
El 20 de agosto, los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declararon que extenderían hasta noviembre su cese unilateral al fuego, en un esfuerzo por acelerar los diálogos de paz con el gobierno de Colombia y desescalar el conflicto.
Las FARC declararon un cese inicial al fuego el 20 de julio, lo que puso fin a varios meses de recrudecimiento de la violencia. Como respuesta al anuncio, el gobierno declaró que controlaría al ejército y suspendería una vez más los ataques aéreos contra la guerrilla.
Las FARC ya habían declarado un cese indefinido al fuego en diciembre de 2014, pero éste se rompió en mayo después de un ataque del ejército. Según el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC), las FARC han respetado en gran medida el nuevo cese al fuego decretado en julio, con sólo dos incidentes violentos relacionados con el conflicto, una baja en 40 años para el país.
Análisis de InSight Crime
El reinicio de los esfuerzos de desescalamiento del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC es sin duda una buena noticia para el proceso de paz en Colombia —y bien puede ser una mala noticia para sus redes de crimen organizado—. Con el ejército menos ocupado en operaciones de contrainsurgencia, tendrá más recursos para dedicarse a enfrentar a los grupos criminales.
Si se firma un acuerdo de paz final y las FARC se desmovilizan, la lucha contra el crimen organizado podrá convertirse en el blanco principal de las fuerzas de seguridad en Colombia. Esto requerirá un cambio de actitud y de método, en especial para los militares, que en la actualidad se dedican a perseguir y abatir a los comandos guerrilleros, para adoptar una estrategia más blanda, necesaria para desmantelar las redes criminales.
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Sin embargo, esta no será una tarea totalmente nueva para las fuerzas armadas, que ya tienen gran participación en operaciones de ese tipo. El mayor operativo hasta el momento, conjunto entre la policía y el ejército, aún está en desarrollo: la persecución de Darío Antonio Úsuga, alias "Otoniel", líder de la red criminal más poderosa de Colombia, Los Urabeños.
Tras seis meses de trabajo, el operativo ha arrojado hasta ahora 441 detenciones, el decomiso de 13,7 toneladas de drogas y la incautación de más de US$7 millones, según informes del diario El Espectador. Pese a esto, Otoniel sigue libre.
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