Una de las figuras más importantes del mundo empresarial de Guatemala ha sido detenido por evasión de impuestos, en un momento en que los escándalos de corrupción que han estremecido a la élite política del país parecen estar tocando a prominentes miembros del sector privado.
Carlos Enrique Monteros Castillo, propietario y presidente de la cadena hotelera Camino Real, fue detenido el 9 de julio en el aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala por “defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria” relacionados con su empresa, informó el Ministerio Público del país. El gerente administrativo de Camino Real S.A., José Humberto Jiménez Contreras, fue detenido en su domicilio en Ciudad de Guatemala.
El 13 de julio, un juez ordenó el arresto domiciliario para Jiménez Contreras y le dio a la fiscalía un mes para que elaborara el caso contra él.
Monteros Castillo, propietario y representante legal de Camino Real, fue detenido al regresar de Estados Unidos y llevado a una celda de la corte, donde permaneció brevemente para luego ser trasladado a un hospital privado por razones de salud, informó Prensa Libre.
Los cargos que se le imputan surgen de una investigación iniciada en 2012, después de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le informara a la fiscalía que las auditorías habían descubierto irregularidades en la compañía, según dijo el Ministerio Público en un comunicado. Las autoridades alegan que los ejecutivos del hotel utilizaban a un intermediario llamado Norman Tejeda, quien administraba unas 70 compañías fachada y “vendía facturas a cambio de un porcentaje para simular compras y evadir impuestos”.
Monteros Castillo fue detenido en la noche del sábado, y el martes al gobierno se le había pagado el equivalente a unos US$5,9 millones en impuestos no pagados, intereses y multas, informó Prensa Libre. La última declaración del Ministerio Público sobre el caso no especifica si el propietario del hotel todavía estaba bajo arresto.
Análisis de InSight Crime
Este caso de evasión de impuestos se presenta tras una serie de escándalos de corrupción que involucran a los líderes políticos del país. Los cargos de corrupción levantados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) condujeron a la dimisión y al encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Pérez Molina y Baldetti han sido acusados de dirigir un enorme esquema de fraude aduanero, recibiendo dineros de sobornos de una firma española de gestión de puertos, así como casas vacacionales y otros regalos extravagantes de los miembros de su gabinete, algunos de los cuales fueron comprados con fondos públicos robados.
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Indagando en las maniobras de la administración, la fiscalía descubrió que ellos llegaron al poder como representantes del Partido Patriota (PP) mediante un masivo fraude en las finanzas de la campaña, en un caso que llegó a ser denominado Cooptación del Estado.
Según la CICIG, “a la estructura criminal del PP se le hizo fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo”.
Entre los acusados se encontraba el prominente banquero Flavio Montenegro Castillo, quien inmediatamente renunció como gerente general del Banco G&T Continental. Este banco es considerado el segundo grupo financiero de Guatemala. El presidente de Banrural, Fernando Peña, también fue acusado en ese caso.
Poco después de anunciar el caso de cooptación, la fiscal general Thelma Aldana denunció haber recibido amenazas. Ella ha estado fuera de Guatemala durante las últimas tres semanas.
Que las autoridades estén enfocadas en los peces gordos del sector privado y del gobierno es una muestra de la intención de erradicar la corrupción profundamente arraigada incluso entre los ricos y poderosos. La ausencia de Aldana puede ser un indicio de que todavía falta mucho para ganar esa batalla.
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