Pese a los crecientes reclamos, las autoridades de México no están llevando ante la justicia a quienes atacan a los líderes indígenas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente, lo que genera mayor impunidad en esos casos.
A pesar de que han transcurrido 15 meses desde que hombres armados irrumpieron en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el norte del estado de Chihuahua, y asesinaron al líder indígena rarámuri Julián Carrillo, las autoridades mexicanas aún no condenan ni dictan sentencia contra los responsables del crimen, como denunció Amnistía Internacional en un informe de enero de 2019.
“El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más obvia y abrumadora de la incapacidad de las autoridades mexicanas para cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia derivada de su labor en la defensa de los derechos humanos”, denunció Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para el continente americano, tras el primer aniversario del asesinato de Carrillo, ocurrido en octubre de 2018.
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Algunos meses después del homicidio, las autoridades de Chihuahua arrestaron a dos sospechosos de ser responsables del crimen. Sin embargo, el caso en su contra no ha avanzado y ninguno de los dos ha sido acusado, como lo señala Amnistía Internacional.
Varias semanas previas al ataque que segó su vida, Carrillo había recibido amenazas y hostigamientos por su trabajo en la defensa de su territorio ancestral en la región de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Carrillo declaró a los investigadores de Amnistía que grupos del crimen organizado se habían apropiado de tierras indígenas para la siembra y el cultivo de cannabis y amapola de opio, y habían forzado el desplazamiento de muchos habitantes.
Por largo tiempo, los defensores de los derechos humanos, como Carrillo, han padecido de manera desproporcionada la violencia en el país. Por lo menos otros cinco miembros de su familia fueron asesinados también, según Amnistía Internacional. Los asesinatos de 23 defensores de tierras y derechos humanos en México en 2019, muchos de los cuales eran miembros de comunidades indígenas, convirtieron a México en el cuarto país más peligroso a nivel mundial para esos activistas, según un análisis global de 2019 de Front Line Defenders.
Análisis de InSight Crime
La permanente impunidad en casos de asesinato de indígenas defensores de derechos humanos pone de relieve la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno mexicano para proteger a quienes son más vulnerables a las amenazas y ataques de los grupos del crimen organizado.
Aunque el estado de Chihuahua ha sido por mucho tiempo un centro de producción de drogas, los grupos del crimen organizado mexicanos también han diversificado sus actividades criminales, y han incursionado en otras como la tala ilegal en años recientes. Esta actividad en especial ha puesto en peligro a miembros de comunidades indígenas y defensores del medio ambiente en zonas remotas, como la Sierra Tarahumara.
En un trabajo de campo en Chihuahua, realizado por InSight Crime en enero de 2019, miembros de las comunidades locales declararon que oponerse a los taladores ilegales que atienden los intereses de empresas madereras y de narcotraficantes en muchas ocasiones conlleva una sentencia de muerte, como fue el caso de Carrillo y de muchos otros.
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Sin embargo, los casos de defensores de derechos humanos asesinados no son los únicos que afectan a las comunidades indígenas en México y que las autoridades parecen incapaces de resolver. Diez músicos indígenas del grupo Sensación, entre ellos un baterista de 15 años de edad, fueron brutalmente masacrados y sus vehículos incinerados en una carretera cerca de Chilapa Álvarez, en el suroeste del estado de Guerrero, el 17 de enero de 2020, según un comunicado de la Fiscalía del estado.
Se cree que un grupo criminal local, conocido como Los Ardillos, es el responsable del ataque, como afirman las autoridades en otro comunicado. Sin embargo, ninguno de los seis presuntos responsables ha sido detenido.
El cubrimiento de esa violencia por parte de los medios también es dispar. El brutal ataque a los músicos indígenas recibió mucha menos atención que la cruenta masacre de nueve miembros de las familias LeBarón, Miller y Langford, todos con doble ciudadanía mexicana y estadounidense, al noroeste, en el estado de Sonora, en la frontera entre Estados Unidos y México, que fue perpetrado por una facción del Cartel del Golfo conocida como La Línea en noviembre de 2019.
La masacre acaparó los titulares internacionales durante semanas, mientras que la noticia casi idéntica de los músicos indígenas ejecutados se demoró mucho más en llegar a las primeras planas de los periódicos mexicanos.
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