Un informe reciente de la ONU indica que buena parte de los casos en que los ciudadanos toman la justicia en su manos en Haití, sobre todo en forma de linchamientos, nunca son investigados o castigados, lo que ha puesto de relieve la desconfianza de la población en las instituciones de seguridad del país y la incapacidad del gobierno para procesar estos casos.
El informe "Tomando la justicia por mano propia o el reino de la impunidad en Haití (Se faire justice soi-même ou le règne de l’impunité en Haïti-PDF)", presentado por la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH, por sus iniciales en francés), señala que entre 2012 y 2015 se presentaron en el país cerca de 483 casos de linchamiento, los cuales resultaron en la captura de 59 de los posibles culpables y apenas uno de ellos resultó en una condena.
Las muertes por linchamiento representan el 15 por ciento de los homicidios del país y la gran mayoría de las víctimas fueron hombres sospechosos de robo. El 70 por ciento de los casos ocurrieron en zonas urbanas.
La principal justificación proporcionada por la población para participar en los linchamientos, según el informe de MINUSTAH, está relacionada con la falta de confianza en la policía y las instituciones estatales para hacer cumplir la ley. El documento señala que “la falta de recursos para prevenir y castigar los linchamientos alimenta el fenómeno y sugiere que los linchamientos son una practica implícitamente aceptada”.
Análisis de InSight Crime
Si bien en la mayoría de casos el apoyo a este tipo de justicia ha sido atribuido por la población a la desconfianza en las instituciones y las fuerzas de seguridad, existen otros factores que podrían explicar lo generalizados que son los linchamientos en el país.
Que una gran parte de la población penitenciaria del país esté condenada por robo —delito al que se atribuyen también la mayoría de los casos de linchamiento—, contrasta la percepción y la realidad de la eficacia con que las autoridades enfrentan este tipo de delito.
Por el otro lado, que la mayoría de casos de justicia por mano propia en el país hayan ocurrido en las zonas urbanas, donde hay una mayor cantidad de policías por habitante, también da muestras de la permisividad de la policía con este delito.
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En algunas partes de Latinoamérica este tipo de justicia está contemplado dentro de otros tipos de sistemas de justicia extralegales, como lo es el indígena en países como Perú, Ecuador y Bolivia.
Un estudio publicado en 2015 por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus iniciales en inglés) de la Vanderbilt University que identificó la aprobación que tiene la justicia por mano propia en los diferentes países de Latinoamérica, encontró que República Dominicana —el único país con el que limita Haití— es el país en el que mayor apoyo hay a este tipo de justicia, lo que podría dar muestra de causas sociales subyacentes más profundas, como una cultura de violencia generalizada.
Aunque las fallas institucionales, ausencia del Estado y la corrupción generalizada en los sistemas judiciales de la región son algunos de los factores que podrían explicar este tipo de fenómenos, también existen factores sociales y culturales que están interrelacionados con las capacidades y voluntad de los actores estatales que deben ser enfrentados para poner fin a la impunidad de la que goza este delito.
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