Un grupo de fiscales hondureños ha protestado enérgicamente por la incapacidad del Estado para proteger a los testigos de investigaciones criminales, un factor clave pero a veces ignorado que contribuye a los elevados niveles de impunidad que han profundizado la crisis de seguridad en el país.
El presidente de la Asociación de Fiscales Hondureños (AFH), Santiago René Moncada, condenó tanto la legislación como la entidad gubernamental encargada de proteger a los testigos, y le dijo a El Heraldo que ni la ley ni la entidad son aptas para ese propósito.
Moncada —quien señaló que él mismo había llevado testigos para ser protegidos, pero que eran asesinados horas después de que la policía arrestara a los sospechosos de los casos— hizo un llamado para el fortalecimiento de la Unidad de Protección de Testigos con personal especialmente entrenado en procedimientos de seguridad.
Las críticas de los fiscales fueron suscritas también por Carlos Hernández, cofundador de una importante organización no gubernamental para la reforma de la justicia, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Hernández le contó a El Heraldo que, pese a que la Ley de Protección de Testigos era apropiada, su implementación era profundamente deficiente, ya que en muchos casos las entidades judiciales ponían a los testigos en peligro.
Fuentes del Ministerio Público de Honduras consultadas por El Heraldo negaron que recientemente se hubiera presentado el asesinato de alguno de los testigos participantes en el programa de protección, pero una fuente afirmó que algunos han sido asesinados tras dejar voluntariamente el programa. La fuente añadió que otros testigos han sido asesinados en fechas recientes, pero que éstos no participaban técnicamente en el programa de protección a testigos.
Análisis de InSight Crime
La protección de testigos es un aspecto clave a la hora de investigar el crimen organizado en cualquier parte, pero especialmente en países como Honduras, que a menudo no poseen la capacidad técnica para reunir evidencia por medio de otros mecanismos, como la vigilancia electrónica o las pruebas de ADN, y dependen de testigos para resolver los casos.
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La incapacidad para proteger a los testigos no sólo puede frustrar la resolución de casos individuales, sino que también puede contribuir profundizar la cultura de la impunidad, al desalentar a potenciales testigos o a aquellos que deseen colaborar con la policía. Esta situación es exacerbada por los bajos niveles de confianza en las instituciones de seguridad y justicia a causa de la corrupción y de sus vínculos con el crimen organizado.
Si bien gran parte de los medios y la atención gubernamental se concentra en la reforma policial en Honduras, la falta de protección para los testigos resalta la necesidad de un enfoque más integral. No importa qué tan efectiva y eficiente sea la policía, si los arrestos no llevan a la realización de investigaciones y condenas para atajar el alto grado de impunidad en el país, es probablemente que la crisis de seguridad continúe.