Los recientes asesinatos de líderes comunitarios, así como las falencias del gobierno en el apoyo a la sustitución de cultivos de coca en Colombia, indican que el plan para proteger a los involucrados en estos programas no está funcionando para aliviar los problemas de seguridad.
El nuevo plan anunciado por el gobierno busca proteger a los líderes involucrados en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), piedra angular del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Según El Heraldo, Medicina Legal, el instituto forense de Colombia, informó en julio que 58 líderes comunitarios vinculados al programa han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. El sitio web colombiano Verdad Abierta ha informado que 19 líderes fueron asesinados solo en 2018.
El gobierno dice que unas 400 personas se beneficiarán inicialmente del programa de protección. El plan se enfocará en mecanismos para denunciar amenazas, así como en talleres de autoprotección, mejoramiento de la comunicación con los líderes y creación de redes de informantes.
Antes de ser implementado a nivel nacional, se llevó a cabo un programa piloto en Tumaco, municipio costero en el departamento de Nariño, al suroriente colombiano, una de las principales regiones de cultivo de coca en el país. Aunque no se han dado a conocer muchos detalles sobre el programa piloto, en Tumaco no se han reportado asesinatos de líderes de sustitución de cultivos desde el anuncio del gobierno del 22 de marzo, y el más reciente homicidio ocurrió el 17 de marzo.
El programa se extenderá ahora a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Meta, Valle del Cauca, Arauca, Putumayo, Cauca, Guaviare y Caquetá.
Análisis de InSight Crime
Si bien el nuevo plan del gobierno colombiano para proteger a los líderes de sustitución de cultivos tiene algunos aspectos prometedores, no garantiza mucha tranquilidad.
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El gobierno señala a los grupos narcotraficantes como los culpables de la serie de asesinatos de líderes del PNIS y afirma que los traficantes los están presionando para que abandonen los programas de sustitución. Sin embargo, la administración del presidente Iván Duque ha dejado a la deriva el programa de sustitución de cultivos, y por el contrario ha apoyado la erradicación forzosa.
El gobierno no ha cumplido sus compromisos con respecto a las inversiones económicas y sociales y ha dejado en riesgo a los participantes, como lo señala Wilder Mora, presidente de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Norte de Santander, departamento en la frontera con Venezuela.
En un informe de El Colombiano, Mora dice que “los actores armados que se lucran del narcotráfico sienten amenazadas sus economías y nos declaran objetivo militar a nosotros por querer sustituir”.
Al centrarse en acciones preventivas, el nuevo plan intenta ir más allá del plan de seguridad de Duque, que ha reconocido que los líderes comunitarios están siendo asesinados con una regularidad escalofriante.
Esto demuestra que el gobierno por lo menos reconoce que los líderes de sustitución de cultivos se han sentido abandonados. Este es un paso en la dirección correcta, pero quizá llega muy tarde y es insuficiente.
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