El desmantelamiento de una sofisticada red de trata de personas que operaba en Chile, llamó la atención sobre un delito cada vez más común en el país, cuyas investigaciones se quintuplicaron durante 2018.
Agentes de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (Bitrap) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvieron, el 5 de noviembre, a ocho personas acusadas de formar parte de una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres de nacionalidad colombiana, reportó Emol.
Entre los detenidos hay dos colombianos, quienes se cree lideraban la organización, y seis chilenos, entre ellos un profesor acusado de ser financista del grupo.
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Según los investigadores, la organización operaba captando mujeres de entre 18 y 29 años en Colombia. Allí les prometían trabajo y les prestaban dinero para costear los boletos de avión y los trámites para obtener visas de turismo. Una vez que llegaban al país, eran trasladadas a ciudades incluidas Temuco, Los Ángeles, Osorno y Puerto Montt donde eran obligadas a ejercer el trabajo sexual y entregar las ganancias a sus captores.
Algunas de las mujeres rescatadas denunciaron que sus captores les habían retenido sus teléfonos celulares, las monitoreaban constantemente con cámaras de seguridad y las amenazaban con la publicación de fotografías, ataques a sus familiares y hasta con deportarlas a Colombia.
El Fiscal Jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, dijo "era una esclavitud moderna en el sentido de que eran víctimas de coacción y amenazas".
Análisis de InSight Crime
A pesar de haber sido reconocido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por los avances que ha logrado para eliminar la trata de personas, Chile continúa luchando contra este crimen.
Según cifras de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (Bitrap) de la PDI, el país pasó de investigar nueve casos en 2017 a 47 en 2018. Estos incluyen casos de trata para explotación laboral y sexual.
El jefe de la Bitrap, Giordano Lanzarini, sostuvo que dentro de los factores que explican este incremento, está la mayor cantidad de extranjeros en el país y la mayor difusión de estas prácticas, lo cual ha generado más denuncias.
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Un informe del Ministerio del Interior identificó que a excepción del 2016, el cien por ciento de las víctimas en Chile son extranjeras, mientras que la mayoría de los condenados son de nacionalidad chilena.
La sofisticación de la red desmantelada recientemente, con una clara división de roles y alcance geográfico dentro y fuera de Chile, da cuenta de los desafíos a los que se enfrentan las autoridades a la hora de lograr que el aumento de las denuncias se traduzca en una reducción en la incidencia de este crimen.
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