Un reciente informe señala que por lo menos tres cuartas partes de las empresas de seguridad privada de México pueden estar operando bajo cuerda, lo que limita su capacidad para mejorar la seguridad y conlleva a que dichas empresas, por el contrario, contribuyan a la actividad criminal.
El informe, publicado el 6 de abril por la Comisión Nacional de Seguridad de México y el Centro Robert Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales, de la Universidad de Texas en Austin, señala que, aunque el sector de la seguridad privada de México ha crecido sostenidamente en los últimos ocho años, muchas compañías de seguridad privadas operan sin supervisión regulatoria en los niveles federal y estatal.
En México hay alrededor de 4.000 empresas de seguridad privada que emplean a por lo menos 450.000 personas —aproximadamente el mismo número de agentes de policía del país—. Pero entre el 40 y el 75 por ciento de las empresas de seguridad de México no están incluidas en los registros federales ni estatales.
Según el informe, las empresas de seguridad privada se concentran sobre todo en los estados con mayor actividad económica, es decir, los que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos, en el centro del país y en la península de Yucatán.
Dos estados —Veracruz, ubicado en la costa este, y Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos— sobresalen por tener tasas particularmente altas de compañías de seguridad no registradas. En Veracruz, cerca del 87 por ciento de las empresas de seguridad operan de manera informal. Lo mismo ocurre con el 79 por ciento de tales empresas en Tamaulipas.
Análisis de InSight Crime
Otras investigaciones han señalado previamente los problemas asociados a la falta de regulación de las empresas de seguridad privada en Latinoamérica. Se ha comprobado que los empleados de dichas empresas participan en diversas actividades criminales, como el tráfico de drogas y armas, y en ejecuciones extrajudiciales.
El problema es particularmente grave en México, donde la violencia criminal ha alcanzado niveles históricos, y las compañías de seguridad privadas han intervenido para llenar el vacío generado por la poca confianza en la policía.
Stephanie Leutert, coautora del informe del Centro Strauss, le dijo a InSight Crime que incluso entre las empresas de seguridad privada debidamente registradas "se están cometiendo una amplia gama de delitos" por parte de sus empleados, como resultado de la laxitud en las regulaciones.
"Cuando no existen auditorías para asegurarse de que las personas están siguiendo la reglamentación, es muy probable que se presenten más casos de asaltos y robos", dice Leutert.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México
Además, ante la falta de regulaciones estrictas, las empresas de seguridad privada pueden quedarse cortas en cuanto a los estándares de contratación, la verificación de antecedentes y la evaluación del desempeño de los empleados. Y las empresas que operan bajo cuerda son más susceptibles a la corrupción, los abusos y la infiltración criminal.
"Los grupos criminales ya están de hecho subcontratando pandillas fronterizas para llevar a cabo actividades criminales —como asesinatos, venta de drogas y control territorial—", le dijo a InSight Crime Nicolás González Perrín, agregado de la policía federal de la Embajada de México en Estados Unidos.
"No podemos descartar la posibilidad", agregó el funcionario, de que el crimen organizado esté cooptando a las empresas de seguridad privada.
SUSCRIBIRME