Un nuevo estudio propone que Colombia se aleje de las medidas tradicionales de erradicación que han mostrado limitados avances a largo plazo para tratar los cultivos de coca, y que en lugar de eso busque crear un marco legal dirigido a sacar a los cocaleros del mercado negro.
El estudio, publicado el 22 de mayo por Open Society Foundations*, sostiene que la falta de acceso a mercados de coca legales y regulados ha llevado a los agricultores a vender su producto en el mercado negro, donde se procesa como cocaína y es vendido por actores criminales con inmensos márgenes de ganancia.
Los autores Dora Lucila Troyano Sánchez y David Restrepo afirman que promover el acceso a los mercados legales de coca puede desviar el producto del narcotráfico.
“Una de las recomendaciones del informe es dar a los productores (de coca) la posibilidad de vender su materia prima a diferentes tipos de procesadores”, comentó Troyano Sánchez a InSight Crime. “Esa puede ser una alternativa para reducir el conflicto en zonas (cocaleras)”.
El estudio señala que los acuerdos internacionales y las leyes colombianas autorizan el cultivo y uso de coca para fines legales, incluidos sus usos nutritivos y medicinales, entre otros. Pero la planta y quienes la cultivan se han visto asociados por largo tiempo al negocio de la droga, responsable de tanta violencia en Colombia, lo que hace difícil convencer a los legisladores y al público de promover el cultivo de coca como una forma posible de desarrollo económico.
Análisis de InSight Crime
Décadas de políticas prohibicionistas, acompañadas de campañas de erradicación forzada masiva, no han tenido muchos resultados en la reducción del cultivo de coca. Considerando la actual escalada de violencia entre grupos armados y el pico histórico en la producción de cocaína en Colombia, el nuevo estudio propone que las autoridades busquen formalizar este lucrativo producto agrícola con el fin de arrebatárselo a los criminales.
Industrializar la coca podría crear un mercado donde hay otros compradores de hojas de coca diferentes de los narcotraficantes. Dar esa alternativa a los cultivadores reduciría el crimen y la influencia de grupos armados fortaleciendo la capacidad de negociación de los cocaleros y dando solución a las desigualdades en el sector rural, que han contribuido a la persistencia de los grupos armados y en regiones cocaleras.
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Sin embargo, son muchos los desafíos que puede afrontar la industrialización de la coca. Por un lado, los grupos criminales tienen un fuerte poder adquisitivo, y podrían pagar sobretasas por la materia prima, precios con los que las empresas locales legales serían incapaces de competir a menos que reciban importantes subsidios del gobierno.
Además, la violencia empleada por los grupos criminales que se disputan el dominio en un contexto criminal en creciente fragmentación ha complicado otros programas dirigidos a reducir el volumen de coca que ingresa al mercado negro. De hecho, un informe publicado a comienzos de este año halló que, contrario a lo que se habría esperado, las comunidades en las que se implementó la sustitución de cultivos exhibieron incrementos en sus tasas de homicidios.
* Aviso: InSight Crime recibe apoyo de Open Society Foundations.
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