Informe: Cambios socioeconómicos ponen en jaque política de drogas en Cuba

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Un nuevo estudio afirma que las cambiantes condiciones socioeconómicas en Cuba pueden forzar al país a reformar su política de drogas, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de varias reformas posibles.
El informe de diciembre de 2017 del Instituto Igarapé, con sede en Brasil, señala que el compromiso, largo tiempo sostenido, de Cuba con una estrategia multifacética para el control de narcóticos ha permitido a la nación isleña evitar los altos índices de violencia, derivada del tráfico de drogas, y la problemática del consumo de drogas desenfrenado que han azotado a tantos otros países latinoamericanos.

No hay duda de que la isla ha ostentado de manera consistente una de las tasas de homicidios más bajas de la región, con promedios anuales de 5 y 6 homicidios por 100.000 habitantes. Según el estudio, este logro se deriva en parte de la combinación de prevención del consumo y tratamiento de la adicción junto con la penalización de delitos relacionados con drogas y la cooperación con países amigos en iniciativas de interdicción.
Pero las estrategias de prevención del consumo de drogas han fallado en otros países de Latinoamérica. Según el informe, esto indica que hay otros factores  —como el aislamiento económico de la isla y el exiguo ingreso disponible de sus ciudadanos— han ayudado al éxito de Cuba en la desarticulación de la violencia relacionada con las drogas y el consumo problemático de estupefacientes.

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Ahora son otras las circunstancias. Con la mayor integración internacional de Cuba, sostiene el estudio, los cambios socioeconómicos inducirán cambios en las iniciativas del país para la prevención del consumo de drogas.

El estudio advierte que si Cuba continúa “creciendo y diversificando su comercio exterior” y pasa a un “modelo de mercado mixto”, pueden presentarse una serie de transformaciones sociales y económicas que incrementarían la presencia de estupefacientes en la isla.

Por ejemplo, el informe indica que el aumento del comercio exterior puede poner a los cubanos en contacto con las culturas de las drogas recreativas del exterior, lo que pondrá en jaque la opinión dominante sobre el control de narcóticos. Más aún, un modelo de mercado mixto podría exacerbar las desigualdades internas, lo que puede impulsar a los ciudadanos a involucrarse en el mercado de drogas ilícitas y replantear un “contexto bien arraigado de mercados informales y redes clandestinas” para la distribución de estupefacientes, señala el informe.

Estos cambios se darían en medio de declaraciones de agentes antinarcóticos cubanos de que se observa un incremento del narcotráfico en la isla. Los agentes asocian la tendencia con la decisión tomada en enero de 2017 por el expresidente estadounidense Barack Obama de derogar la vieja política migratoria conocida como “pies secos, pies mojados”. Dicen que la terminación del programa perjudicó las redes de trata de personas y puede haberlas incentivado a pasar a otras actividades ilícitas, como el narcotráfico.

Los agentes cubanos decomisaron 4,8 toneladas de estupefacientes en 2017, más del total incautado en 2015 y 2016, según notas de prensa. Más aún, en 2017 las autoridades aduaneras cubanas denunciaron 94 casos de personas que intentaron ingresar narcóticos al país, bien fuera para el tráfico o para uso personal, la mayor cifra registrada en los últimos cinco años, según informes de la prensa local.

Análisis de InSight Crime

El estudio de Igarapé sostiene que los cambios socioeconómicos creados por la creciente apertura de Cuba al resto del mundo pueden obligar al gobierno a repensar su actual estrategia de control de drogas. Y la efectividad de esas reformas depende en gran medida de si las autoridades incrementan sus tácticas de mano dura o implementan políticas más progresistas.

La autora del estudio Isabella Bellezza-Smull escribe que los funcionarios deberán “considerar con mucha atención” cómo se actualizan las actuales políticas de drogas en Cuba, y que deben usar “las sólidas instituciones de salud pública, educación y comunitarias” del país para adelantar estrategias de prevención más progresistas.

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Sin embargo, si los funcionarios recurren a medidas más agresivas como aumentar las penas e imponer sanciones más fuertes, advierte Bellezza-Smull, Cuba puede enfrentar pronto los mismos problemas de otros países latinoamericanos “atacados” por la guerra contra las drogas.

Es posible que la relación entre Cuba y Estados Unidos desempeñe una función central en la manera como dirijan las posibles reformas a las leyes antinarcóticos en la isla.
Estados Unidos y Cuba coinciden en muy pocos aspectos, pero ambos países han tenido una larga historia de cooperación antinarcóticos exitosa. Sin embargo, en junio de 2017, el actual presidente estadounidense Donald Trump prometió echar para atrás los esfuerzos de Obama por normalizar las relaciones bilaterales con Cuba, lo que podría poner en peligro las iniciativas antidrogas de la nación caribeña.

Bellezza-Smull escribe que Cuba ha “hecho énfasis durante mucho tiempo en la dureza de sus tácticas antidrogas”, lo que incluye sanciones penales y esfuerzos de interdicción, ante Estados Unidos, país que tradicionalmente ha favorecido tales estrategias. Pero si las relaciones siguen agravándose durante la administración Trump, Cuba puede perder el incentivo para seguir haciendo énfasis en dichas medidas, y es más probable que asuma una dirección más progresista sin la presión de Estados Unidos.

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