Informe critica falencias de Colombia para controlar superpoblación carcelaria

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Un informe de la Contraloría General de Colombia señala las fallas del Estado para controlar el desenfrenado hacinamiento en las cárceles a pesar de que se han hecho grandes inversiones, lo cual pone de relieve los problemas profundamente arraigados que los estados latinoamericanos suelen pasar por alto cuando se trata de reformar sus decadentes sistemas penitenciarios.

El informe señala que las políticas carcelarias de Colombia se han caracterizado por “buenas intenciones y fallidos proyectos”, informó El Tiempo. A pesar de varios programas de inversión diseñados para aumentar su capacidad, el informe señala que las cárceles de Colombia han pasado del 10 por ciento de sobrepoblación en 1995 a 54 por ciento actualmente.

La contraloría se enfoca en las deficiencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (USPEC), que fue creada en 2011 para gestionar la infraestructura, la administración y la logística en el sistema penitenciario y para abordar la crisis de hacinamiento.

Entre 2012 y 2015, la USPEC tuvo un presupuesto de más de US$660 millones, pero sólo una tercera parte de éstos se invirtieron en infraestructura, y el resto fue utilizado en gastos administrativos.

Aproximadamente US$158 millones de este presupuesto se dedicaron a la construcción de nuevas cárceles, pero la Contraloría dice que “a la fecha ni un solo cupo nuevo se ha dado al servicio”, según El Tiempo.

Desde cuando el organismo empezó a gestionar las inversiones en 2013, hasta el año 2015, construyó 2.466 nuevos cupos, que representa un aumento del 3.2 por ciento de su capacidad. Sin embargo, estos cupos se han creado exclusivamente en los establecimientos existentes y, según la Contraloría, “la USPEC se ha limitado a rehabilitar, acondicionar y adaptar espacios carcelarios, esencialmente camas, sin que ello haya representado realmente la creación de un nuevo cupo”.

Además, la USPEC ha mostrado fallas en el mantenimiento de la infraestructura existente, y según el informe, el 88 por ciento de la infraestructura carcelaria en Colombia es obsoleto.

Análisis de InSight Crime

El problema del hacinamiento en las cárceles colombianas va mucho más allá de las terribles condiciones que padecen los presos.

En las cárceles superpobladas hay altos niveles de control por parte de los criminales, dado que los guardias, incapaces de mantener el orden, ceden sus funciones a las redes criminales, que dirigen las economías ilegales dentro y fuera de los muros de las prisiones. Además, esto contribuye al ciclo de la criminalidad, dado que los delincuentes que han cometido ofensas menores, e incluso los acusados que están bajo prisión preventiva, se encuentran con criminales experimentados, lo que los pone en contacto con el crimen organizado y aumenta el riesgo de que sean conducidos a un mundo de criminalidad mayor.

Si bien el problema abunda en toda América Latina, Colombia por lo menos ha intentado hacer importantes reformas al sistema penitenciario. Desde comienzos de este siglo, el gobierno ha puesto en marcha varios programas para construir nuevas cárceles y aumentar la capacidad de las instalaciones existentes. Algunos de estos programas tuvieron un enfoque de línea dura y de máxima seguridad, mientras que los más recientes han adoptado un enfoque más humanista. Pero hasta el momento ninguno ha logrado controlar el creciente hacinamiento, y las razones subyacentes dan cuenta de cuestiones más profundas que socavan la reforma penitenciaria.

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Uno de los principales problemas está relacionado con leyes de seguridad altamente populistas que crean nuevos delitos o alargan las sentencias. Estas leyes han aumentado la población carcelaria a un ritmo que ha superado la implementación de nuevos proyectos de infraestructura. Otro importante factor que contribuye al hacinamiento en las cárceles colombianas es el uso excesivo de la prisión preventiva, a lo que se suma la ineficiencia de la justicia colombiana. Debido a esto, más de un tercio de los presos en Colombia no han sido condenados.

Los intentos de reforma también se han visto obstaculizados por la corrupción y la incompetencia administrativa. La USPEC fue creada para aliviar la carga del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), donde las crisis eran la constante. Sin embargo, la USPEC ha tenido sus propios y abundantes problemas; durante los dos primeros años de operaciones, el organismo tuvo seis directores diferentes.

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