Un reciente informe del poder judicial de Chile ha denunciado las peligrosas e inhumanas condiciones en las cárceles del país, y llama la atención sobre la situación de hacinamiento, un problema que afecta a las cárceles de toda Latinoamérica.
El informe (pdf) —resultado de una comisión creada por la Corte de Apelaciones de Santiago— se elaboró con base en visitas a 13 cárceles de Chile. En él se describen las malas condiciones del personal penitenciario, la falta de servicios médicos y nutricionales adecuados, y problemas estructurales como "instalaciones eléctricas irregulares", que en algunas prisiones representan una amenaza para los reclusos.
El informe señala que, en algunos casos, los reclusos deben esperar hasta 17 horas entre las comidas o se ven obligados a comer alimentos congelados o parcialmente congelados.
El informe también señala que el hacinamiento sigue siendo un problema en algunas prisiones, pues se encontraron casos en los que hasta 14 reclusos viven en un espacio que no supera los ocho metros cuadrados.
Análisis de InSight Crime
El hacinamiento en las cárceles latinoamericanas es como una epidemia, un fenómeno que está ligado a la cantidad de detenidos en espera de juicio en cada país. Chile iguala a Colombia en cuanto a la mayor tasa de población carcelaria en Suramérica, con 242 presos por cada 100.000 habitantes. Alrededor del 30 por ciento de la población carcelaria de Chile está bajo detención preventiva.
En el año 2010, Chile se vio obligado a encarar el asunto de las condiciones carcelarias inhumanas y de hacinamiento, pues ese año murieron 81 reclusos en un incendio en la cárcel de San Miguel, Santiago —el incidente que más muertes ha provocado en una prisión en la historia del país—. Sin embargo, como lo sugiere el reciente informe del poder judicial, desde entonces Chile no ha logrado abordar adecuadamente el problema, y la tasa de ocupación de las prisiones se mantiene en alrededor del 111 por ciento.
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El hacinamiento no es el único problema de los sistemas penitenciarios de la región. También son comunes la corrupción y los abusos perpetrados por funcionarios de las prisiones.
Con base en datos de LEASUR (Litigación Estructural para América del Sur), El Confidencial informó que las denuncias contra los guardias de las prisiones —conocidos en Chile como la Gendarmería— ascendieron a 76 en el año 2014. Según LEASUR, el 58 por ciento de esas denuncias no fueron investigadas, y el restante 42 por ciento tuvieron pocas consecuencias para los guardias que cometieron los abusos.
La organización no gubernamental chilena 81 Razones, creada después de la tragedia de San Miguel, se dedica a informar sobre los abusos en las cárceles de Chile y cuestiona el número oficial de denuncias registradas. César Pizarro, uno de los fundadores del grupo, dijo que diariamente recibe alrededor de 30 llamadas de los internos, muchas de los cuales son para reportar abusos por parte de la Gendarmería.