Una reciente investigación proporciona deplorables evidencias de los abusos y la criminalidad asociada a un polémico programa de seguridad en Venezuela, y aumenta los temores por el apoyo del gobierno a dicho programa.
El 3 de octubre, la plataforma informativa digital venezolana RunRun.es y su asociado CONNECTAS publicaron una extensa investigación acerca de los impactos en la seguridad y los derechos humanos del programa conocido como "Operación de Liberación y Protección del Pueblo" (OLP).
Desde que se inició en el año 2015, la operación conjunta de la policía y el ejército ha estado repetidamente vinculada a masacres, asesinatos extrajudiciales, colusión con grupos del crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, como tortura y detenciones ilegales.
La reciente investigación ofrece nuevas evidencias de estas acusaciones mediante testimonios de las víctimas y los agentes de seguridad involucrados en la OLP, así como entrevistas con expertos, análisis de documentos y datos oficiales, al igual que trabajo de campo en los cinco estados de Venezuela con el mayor registro de número de víctimas de la OLP.
El testimonio de las víctimas —entre ellas un padre cuyo hijo fue asesinado extrajudicialmente, una mujer cuyo esposo fue desaparecido, y los residentes de un barrio donde se instaló un colectivo tras una operación de la OLP— presenta un rostro más humano de los problemas que ha tenido la OLP, mediante detallados relatos de los involucrados en las polémicas operaciones. De algunos de los testimonios se realizaron ilustraciones, que fueron utilizadas para producir el video que se puede ver abajo:
(Video cortesía de RunRun.es y CONNECTAS)
Según el nuevo informe, la OLP fue responsable de por lo menos 560 muertes —una cifra más alta que las 505 registradas por la Fiscalía— e innumerables violaciones a los derechos humanos entre julio de 2015 y junio de 2017.
Además de generar el caos en las comunidades marginadas, el informe indica que las operaciones de la OLP no han logrado detener la violencia o la delincuencia. Por el contrario, las tasas de homicidio, extorsión y secuestro han aumentado, en gran parte porque la OLP ayudó a transferir el control territorial a los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como "colectivos", según dice el informe.
La investigación indica que muchas de las operaciones de la OLP no se enfocaron en reducir el crimen, sino en proteger los intereses del ejército y de altos funcionarios del gobierno, entregándoles el control criminal a los colectivos e incluso tomando venganzas personales.
Se ha observado que las fuerzas de seguridad implicadas en estas operaciones suelen usar máscaras de calavera como la que se muestra en la fotografía al comienzo de este artículo, con el objetivo de ocultar su identidad e intimidar más con su presencia.
Según los documentos oficiales consultados por RunRun.es y CONNECTAS, la administración del presidente Nicolás Maduro anunció en enero de 2017 que la OLP pasaría a llamarse OLHP, agregando una "H" que significa “humanista” y que implica un mayor respeto por los derechos humanos.
Sin embargo, las entrevistas a víctimas y residentes de las comunidades pobres donde se han llevado a cabo las operaciones revelaron que el miedo infundido por los soldados y policías de la OLP —cuyos crímenes permanecen en gran parte en la impunidad—, continúa presente sus barrios.
Análisis de InSight Crime
Los reveladores testimonios y datos recogidos por la investigación representan quizá el mayor compendio de evidencia de los abundantes problemas que durante mucho tiempo han estado asociados con la OLP. Pero sigue siendo poco probable que la administración de Maduro avance en la solución de estos problemas en el corto plazo.
Desde que la OLP inició operaciones, InSight Crime ha informado sobre la participación de los agentes de seguridad en actividades similares a las de los escuadrones de la muerte, así como en ejecuciones extrajudiciales y grandes masacres como parte de sus operaciones; ha señalado además cómo sus acciones han fortalecido a los colectivos, los cuales suelen participar en acciones criminales.
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Sin embargo, es posible que estos problemas no se resuelvan en el futuro cercano. La administración de Maduro ha mostrado poco interés en reconocer o enfrentar los problemas relacionados con la OLP, y en su lugar se ha enfocado en consolidar un puñado de personas leales al gobierno, muchas de las cuales han sido acusadas de tener vínculos con actividades criminales.
Un ejemplo reciente de esto último es la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien criticó duramente al gobierno de Maduro y había denunciado a la OLP.
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