Un nuevo informe de Greenpeace saca a la luz la red de corrupción que hay detrás de la deforestación ilegal en Brasil, revelando algunos de los detalles que hay detrás de un comercio ilícito que amenaza con convertirse en una catástrofe ambiental, ya que perjudica la selva amazónica.
Según el informe (pdf), el 78 por ciento de la tala que tuvo lugar en el estado de Pará, en el centro-norte de Brasil, entre agosto de 2011 y julio de 2012, no había sido autorizada. Al usar imágenes satelitales, la organización detectó 12 puntos alrededor de la ciudad amazónica de Santarem, donde parece que está ocurriendo la tala ilegal.
Con base en una investigación de dos años en Pará, la organización encontró que los controles estatales son explotados por los traficantes de madera, en cinco formas principalmente, lo que permite que la madera "sucia" obtenga documentos legítimos antes de la exportación. Las maneras de "lavar" la madera incluyen que los funcionarios de manejo forestal inflan el inventario de especies existentes con el fin de permitir una mayor tala, y autorizan zonas de recolección que nunca se realizan, con el fin de generar créditos que luego son utilizados para la tala ilegal de madera. Mientras tanto, las grandes compañías madereras pueden aplicar para obtener más créditos de explotación forestal de los que necesitan, y los venden a otras personas que los utilizan para la extracción ilegal.
La organización cita a Estados Unidos, Europa e Israel como los principales compradores de madera brasileña, y en particular, la valiosa especie tropical "ipe". Hay señales de que algunas empresas compran madera talada ilegalmente, incluyendo la cadena de materiales de construcción del Reino Unido, Jewson, informó The Guardian.
Greenpeace ha enviado una queja formal ante el Ministerio Público Federal y la Procuraduría de la República del estado de Pará, solicitando que aborden este fenómeno, que tiene "serias consecuencias para la biodiversidad".
Análisis de InSight Crime
Las tasas de deforestación en la Amazonía brasileña cayeron entre 2004 y 2012, pero han estado subiendo de nuevo desde entonces, según el Ministerio del Medio Ambiente del país. La tala ilegal es el principal motor de esta destrucción, aunque la ganadería y la minería ilegal también han contribuido.
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El informe de Greenpeace sirve para resaltar la corrupción que ayuda a facilitar el comercio -la capacidad para explotar los controles y obtener documentos oficiales indica que los madereros y las empresas exportadoras a las que sirven, tienen contactos importantes al interior, lo que probablemente vaya más allá de los funcionarios encargados de la gestión forestal.
El nivel de influencia que tienen los terratenientes y los madereros en la Amazonía también se ve en el hecho que Brasil es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, con 448 asesinatos registrados en la última década, y la mayoría de los responsables quedan libres. Se cree que las élites políticas y los poderosos intereses empresariales están relacionados con algunos de estos casos.
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