La próspera industria de la seguridad privada en Latinoamérica está generando consecuencias imprevistas. Un nuevo informe indica que la falta de regulación a las compañías de seguridad privada en América Latina tiene impactos negativos en la seguridad y en ocasiones facilita la comisión de actividades criminales.
El informe, publicado el 27 de marzo por el Diálogo Interamericano en Washington D. C. explora cómo una industria de seguridad privada en auge y sin regulación está planteando una “nueva serie de desafíos para la seguridad ciudadana” en la región. Además resalta cómo el auge de la industria de seguridad privada puede contribuir a los ya elevados niveles de criminalidad y violencia.
De acuerdo con el informe, un estimado de 2,4 millones de personas trabajan para más de 16.000 empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) en Latinoamérica y el Caribe.
En muchos países, las fuerzas de seguridad privada superan a las públicas. En Brasil hay cuatro agentes de seguridad privada por cada funcionario público. La proporción es de cinco a uno en Guatemala y de casi siete a uno en Honduras, según halló el informe.
La prevalencia de las firmas de seguridad privada ha crecido a la par con la violencia y la criminalidad en Latinoamérica, en parte como respuesta a la ausencia de organismos de seguridad pública eficientes y responsables.
Por ejemplo, mientras la violencia está fuera de control en México, donde los cuerpos de policía son notoriamente corruptos e ineficaces, la industria de seguridad privada ha crecido 180 por ciento desde 2012 y ha alcanzado un valor de US$1.500 millones.
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Los autores Sarah Kinosian y James Bosworth destacan varios aspectos y dificultades claves en relación con el uso de las firmas de seguridad privada en Latinoamérica.
Según el informe, hay "regulaciones escasas u obsoletas y organismos reguladores débiles que fueron incapaces de ir a la par con el acelerado crecimiento" de la industria. Debido a esto, las compañías de seguridad privada han podido operar sin el registro reglamentario o sin acatar las regulaciones, lo que le ha allanado el camino a la criminalidad en el sector.
De hecho, el informe encontró que los miles de armas que se importan anualmente a Latinoamérica para uso de firmas de seguridad privada han convertido la industria en un “proveedor importante” de armas para los grupos criminales. De acuerdo con el informe, 40 por ciento de las armas ilegales en El Salvador están vinculadas con las casi 500 empresas de seguridad privada que operan en el país.
Según el informe, el aumento de las empresas de seguridad privada en toda la región también presenta correspondencia con la mayor violencia contra activistas de la tierra y el medio ambiente.
Las "industrias extractivas, proyectos de recursos naturales y la agroindustria" de Latinoamérica son algunos de los mercados más grandes para los servicios de seguridad privada en la región, y el informe halló que muchas veces se ha usado a estas empresas para reprimir violentamente a los ciudadanos que protestan contra este tipo de proyectos en colaboración con las organismos de seguridad pública.
Por ejemplo, el informe destaca la región del Bajo Aguán, cerca de la costa norte de Honduras, como una zona donde propietarios de tierras han contratado empresas de seguridad privada y están involucradas presuntamente en asesinatos, desapariciones y desalojos forzados de agricultores locales. Ha habido firmas de seguridad privada implicadas en muchos de los 123 asesinatos de activistas ambientales y de tierras en Honduras desde 2009, según el informe.
Además, el informe señala que el rápido crecimiento de la mal regulada industria de seguridad privada ha contribuido a una "desigualdad de seguridad" en la región.
"Empresas y personas adineradas invierten en su seguridad personal mientras pagan poco en impuestos que suplirían los fondos para la seguridad colectiva para beneficio de la sociedad en conjunto. Mientras tanto, la industria se lleva personal calificado de las cuerpos de seguridad del gobierno, dejándolos cortos de personal y obligados a contratar y capacitar a personal con menos experiencia”, escriben Kinosian y Bosworth.
Análisis de InSight Crime
El informe del Diálogo Interamericano destaca cómo la falta de regulación de las empresas de seguridad privada en América Latina ha contribuido a la persistente inseguridad en la región e incluso ha facilitado las actividades delictivas llevadas a cabo por estas empresas.
En Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, las autoridades estiman que alrededor del 30 por ciento de las armas pertenecientes a compañías de seguridad privada son "desviadas o robadas" y terminan en manos de delincuentes, lo que convierte estas compañías en una enorme fuente de armas para los grupos criminales. Empresas de seguridad privada también han sido infiltradas por pandillas en El Salvador y acusadas por ejecuciones extrajudiciales en Guatemala, lo que subraya cómo la escasa supervisión y regulación pueden atizar la criminalidad.
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Para tratar los problemas relacionados con la industria de la seguridad privada, el informe recomienda que los gobiernos de la región adopten los principios del Documento de Montreux, un acuerdo que establece las responsabilidades legales internacionales relevantes y las mejores prácticas para el uso de los cuerpos de seguridad privada.
Según el informe, el Documento de Montreux "contiene directrices detalladas sobre cuestiones tales como criterios y procedimientos para la autorización de las EMSP, regulación de la posesión de armas, monitoreo del cumplimiento de las reglamentaciones aplicables, entrenamiento del personal de EMSP y rendición de cuentas por mala conducta de EMSP".
Actualmente, solo cuatro países de Latinoamérica –Uruguay, Ecuador, Chile y Costa Rica– han respaldado oficialmente el documento. Pero Kinosian y Bosworth argumentan que un mayor número de países debería adherirse a sus principios para evitar los problemas relacionados con la mala regulación y supervisión de las empresas de seguridad privada.
Eric Tardif, asesor legal del Comité Internacional de la Cruz Roja, hizo énfasis este punto en el evento de presentación del informe.
"Creemos que es de vital importancia que los estados velen por que donde sea que se autorice el funcionamiento de una empresa militar o de seguridad privada, los estados tomen todas las medidas necesarias para garantizar que esas empresas realmente mejoren y no afecten negativamente la seguridad de las comunidades donde trabajan", afirmó.
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