Un reciente informe describe algunos de los problemas que enfrenta el sistema penitenciario de Bolivia y examina algunos de los desafíos que los políticos han encontrado en sus esfuerzos por reformarlo.
El hacinamiento se encuentra en niveles críticos en las cárceles bolivianas, según un informe de la Red Andina de Información (AIN por sus iniciales en inglés). Con sistema carcelario por encima del 250 por ciento de su capacidad total, Bolivia tiene la quinta peor situación de hacinamiento en Lationamérica después de Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela.
Ello se debe en gran parte al uso generalizado de la prisión preventiva en Bolivia, aspecto en el cual, según el informe, el país tiene el índice más alto en la región después de El Salvador.
En el año 2015, el 69 por ciento de los presos estaban en espera de juicio. Según el informe, los fiscales solicitaron prisión preventiva en casi un 96 por ciento de las audiencias preliminares en el departamento de Santa Cruz. Y según la AIN, la mayoría de los casos pendientes toman entre dos y tres años para resolverse.
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La población carcelaria de Bolivia casi que se ha duplicado desde 2008, llegando a más de 14.000 presos en el año 2016, según cifras citadas por la AIN. De los detenidos, según los informes, un 20 por ciento están tras las rejas por delitos relacionados con estupefacientes, según el régimen de drogas del país, conocido como Ley 1008.
El informe sostiene que, según una encuesta de 2014, el uso extensivo del encarcelamiento, incluyendo la prisión preventiva, se perpetúa por el hecho de que la mayoría de los bolivianos prefieren los castigos a las estrategias preventivas contra el crimen.
“En general, los bolivianos consideran que la prisión es la mejor manera de resolver el problema de la inseguridad ciudadana, y tienen poca confianza en las políticas que buscan prevenir el crimen o fomentar la rehabilitación de los presos”, dice el informe.
De hecho, los ciudadanos bolivianos tienen algunas de las percepciones de inseguridad más altas, a pesar de vivir en uno de los países menos violentos de la región.
Las cárceles bolivianas sufren además de malas condiciones y cuentan con personal inexperto y corrupto; además, casi la mitad de los menores internos de Bolivia están detenidos en cárceles de adultos, según la AIN.
Análisis de InSight Crime
Sistemas penitenciarios afectados por el hacinamiento, débiles autoridades estatales y falta de recursos son condiciones que pueden proporcionar un terreno fértil para que los internos establezcan sus propios sistemas de gobierno. Tal ha sido el caso en las cárceles bolivianas, donde los detenidos más poderosos han podido establecer leyes, administrar justicia y controlar las economías ilícitas, como cobrarles a otros reclusos por diversos servicios y beneficios.
Sin embargo, la administración del presidente Evo Morales ha hecho esfuerzos para mejorar la situación de las prisiones. El informe de la AIN destaca la Ley de Descongestión Penal de 2014, que limita la aplicación de la prisión preventiva y que en parte permitió una disminución en las tasas de detención preventiva, pasando de 85 por ciento en 2012 a 69 por ciento en 2015. Durante la administración de Morales también ha habido varios planes de amnistía, y desde 2016 una reforma del código penal estableció que la detención preventiva fuera la excepción más que la regla, según señala el informe.
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Pero las reformas penales previas sólo han dado lugar a disminuciones a corto plazo en la población carcelaria en lugar de solucionar el problema, debido a una opinión pública negativa, lo que sugiere que el gobierno boliviano tendrá que trabajar sobre las percepciones generales de la justicia punitiva si espera que las nuevas iniciativas sean exitosas.
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