Informe: narcóticos y corrupción, patrocinadores silenciosos de campañas políticas en México

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Un nuevo informe detalla la manera como la legislación permisiva sobre la financiación de campañas en México facilita la influencia criminal en el sistema político, un fenómeno común a otros países de Latinoamérica, que ha permitido a los grupos criminales comprar la protección estatal.

El informe, divulgado el 29 de mayo por el grupo anticorrupción Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, halló que la financiación no reportada para campañas políticas puede sumar hasta 15 veces lo informado ante las autoridades electorales.

Según el informe, el crimen organizado y la corrupción son fuentes importantes de financiamiento ilícito de campañas en México, así como particulares que buscan ganarse el favor de los políticos.

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El informe encontró que las últimas reformas diseñadas para fortalecer la democracia del sistema electoral y eliminar el fraude en ese proceso han “fracasado en prevenir la penetración de dinero ilegal” en las campañas. Además, la vigilancia negligente y las multas mínimas por infringir las normas constituyen un escaso incentivo para que los políticos cuiden que el dinero de su campaña sea lícito.

En las últimas dos décadas, rara vez se ha castigado a los partidos políticos por violar las normas de financiación electoral. Y cuando han sido atrapados, las sanciones han sido poco más que una jalón de orejas, lo que lleva a que los políticos las consideren simplemente como parte del costo de postularse a un cargo de elección popular.

Las sanciones “son una especie de peaje que partidos y candidatos están dispuestos a integrar a sus funciones de costo y riesgos con tal de llegar a los cargos”, escriben los autores del informe.

Análisis de InSight Crime

Este nuevo informe constituye un crudo indicio de cómo los grupos criminales y los intereses corruptos, en México y demás países de la región, bombean dinero a las campañas políticas esperando a cambio protección u otros favores del gobierno.

En un caso que dio bastante de qué hablar en México, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue acusado de aceptar dinero de los poderosos grupos criminales el cartel del Golfo y Los Zetas, a cambio, básicamente, de dejar que se tomaran el control del estratégico estado fronterizo.

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En la vecina Guatemala, el financiamiento electoral ilícito ha sido el foco de diferentes investigaciones sobre la corrupción generalizada. Los fiscales comentan que el expresidente Otto Pérez Molina recibió, ilegalmente, dinero de donantes durante su campaña de 2011, y les retribuyó con contratos con el gobierno cuando subió al poder. El actual presidente Jimmy Morales ha sido acusado de aceptar cerca de US$500.000 de un narcotraficante durante su campaña presidencial de 2015.

Incluso en Brasil, la financiación de campañas con dinero ilícito fue presuntamente uno de los objetivos principales del masivo esquema de corrupción que las autoridades han estado desenmarañando durante los últimos años.

Aunque el financiamiento ilícito de campañas sigue siendo un problema mayor, cada vez se reconoce más la necesidad de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las leyes que regulan las donaciones políticas.

Para resolver el problema, los autores del informe proponen definir nuevos criterios para los topes de gasto en campañas, crear nuevos mecanismos de control y reforzar la transparencia, entre otros.

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