Según informes recientes, el organismo contra la corrupción en Honduras, que cuenta con respaldo internacional, está ayudando a las autoridades locales a reunir evidencia en la investigación en torno a un poderoso expresidente. Esto lo que indica es que la labor anticorrupción de la comisión ha ayudado a los funcionarios judiciales a hacer frente a los intentos de las élites hondureñas de interferir en este tipo de casos que involucran a altas personalidades.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) posee pruebas de que el expresidente Porfirio Lobo y miembros del partido de Gobierno, el Partido Nacional, al cual él pertenece, estuvieron implicados en negocios que permitieron que el grupo narcotraficante Los Cachiros obtuviera contratos con el Estado para proyectos de energía hidroeléctrica, según informó El País el 5 de febrero.
Citando fuentes anónimas "cercanas a la investigación", el periódico español señala que al menos algunas de las pruebas corresponden al proyecto de represa hidroeléctrica por el cual la activista ambiental Berta Cáceres fue infamemente asesinada.
La fuente le dijo a El País que la investigación "ha puesto muy nerviosa a gran parte de la clase política", sugiriendo que el escándalo podría tocar a otros miembros del Partido Nacional.
Ni la MACCIH ni el Ministerio Público de Honduras han confirmado todavía oficialmente el informe de El País. Pero desde marzo del año pasado han circulado informes de prensa que indican la existencia de una investigación en torno al expresidente Lobo relacionada con los contratos del Estado.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de Los Cachiros que se entregó a las autoridades de Estados Unidos en 2015, testificó ante una corte de dicho país el año pasado, y dijo que su organización tenía vínculos corruptos con la administración de Lobo, lo que incluye al hijo del expresidente Lobo, Fabio Lobo, que en 2016 se declaró culpable de cargos según los cuales él le había ayudado a Los Cachiros a traficar drogas.
Rivera Maradiaga sirvió como testigo en el caso de Estados Unidos contra Fabio Lobo y también implicó al hermano del expresidente Porfirio Lobo, Ramón "Moncho" Lobo, en esquemas de soborno y tráfico de influencias.
Otro pariente cercano del expresidente también enfrenta escrutinios judiciales. La exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, está actualmente bajo investigación por la presunta malversación de 12 millones de lempiras (unos US$500.000), pocos días antes de que el período presidencial de su esposo llegara a su fin en 2014.
Esta no es la primera vez que Los Cachiros han sido relacionados con proyectos de obras públicas en Honduras. Otro informe había revelado anteriormente que el grupo narcotraficante había lavado parte de sus ingresos criminales mediante contratos con el Estado durante la administración Lobo. Sin embargo, no se ha hecho ninguna confirmación de la participación del exmandatario.
Análisis de InSight Crime
De confirmarse oficialmente, las más recientes acusaciones contra Lobo ilustrarían que la ayuda de la MACCIH —y de la comunidad internacional— le ha permitido al Ministerio Público ir tras las élites más poderosas de Honduras, aun a pesar de la fuerte resistencia frente a los programas de lucha contra la corrupción.
Como InSight Crime informó recientemente, el organismo anticorrupción ha desatado una batalla entre el poder judicial y el Congreso, liderado por el Partido Nacional, después de que la legislatura aprobara un proyecto de ley que fue denunciado por sus críticos como un "pacto de impunidad" dirigido a entorpecer los casos de corrupción.
Sin embargo, el Ministerio Público ha interpuesto un recurso legal contra la reforma y parece estar ampliando el alcance de sus investigaciones con el apoyo de la MACCIH.
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Como señala la fuente de El País, la creciente asertividad de las autoridades judiciales podría preocupar a muchos miembros de las élites, entre ellos al actual presidente Juan Orlando Hernández, protegido político del expresidente Lobo, a quien Rivera Maradiaga también acusó de tener vínculos con Los Cachiros.
Si bien el enérgico rechazo a los esfuerzos de la MACCIH y el Ministerio Público dan crédito a la idea de que la labor contra la corrupción empieza a dar en el blanco, sus logros futuros dependen de una serie de factores complejos, que hacen inciertas las perspectivas de estas iniciativas a largo plazo.
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