Un reciente informe analiza la creciente importancia de los linchamientos, las detenciones ilegales por parte de turbas, y otras instancias de justicia popular, en algunas partes de Centroamérica; un fenómeno que es provocado por sistemas judiciales ineficaces y altos niveles de impunidad.
Sólo en Guatemala, turbas enfurecidas asesinaron a 295 presuntos criminales e hirieron a otros 1.704, entre 2004 y noviembre de 2013, informó el diario español El País. En su informe anual (pdf), el organismo de derechos humanos del país identificó un "incremento exponencial" en este tipo de ataques, de un promedio de 4,5 al mes en 2004, a 42,44 al mes en 2013.
Aunque la situación en Guatemala es particularmente extrema, casos recientes en Honduras y Costa Rica también han llamado la atención sobre un problema creciente en estos países. Un caso brutal ocurrió en Honduras en 2012, cuando una turba enfurecida atrapó y apedreó hasta la muerte a un hombre de 48 años acusado de apuñalar y matar a una mujer a la que intentaba violar.
Análisis de InSight Crime
Además de ser dos de los países más violentos de Centroamérica, Guatemala y Honduras tienen algunos de los niveles más altos de impunidad en la región. Los numerosos fracasos de los sistemas de justicia en estos países son probablemente un factor clave en el aumento del número de ataques de turbas, con los ciudadanos frustrados tomando cada vez más el asunto en sus propias manos.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre autodefensas
Aunque Guatemala ha logrado un progreso significativo contra la impunidad en los últimos años, gracias en parte a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 70 por ciento de los crímenes cometidos en el país siguen impunes. En su Informe Mundial de 2014 (pdf), Human Rights Watch encontró que la intimidación y la corrupción de los jueces y otros funcionarios, así como un programa de protección de testigos ineficaz, continúan entorpeciendo el sistema judicial del país.
Honduras tuvo la mayor tasa de homicidios en el mundo en 2013 y un nivel de impunidad por encima del 90 por ciento. Entre 2007 y 2012, la policía detuvo a menos de la mitad de las personas con órdenes de arresto pendientes.
El fenómeno de la justicia popular también se ha visto en México, en un sentido más formal, sobre todo en el estado de Michoacán, al suroeste del país, donde los grupos de autodefensas surgieron con el propósito declarado de combatir al grupo criminal de los Caballeros Templarios, frente a la ineficacia del gobierno.
Sin embargo, como se ha visto en Michoacán -donde las autodefensas han sido acusadas de asesinar a un alcalde y de tener vínculos con la droga- y con los paramilitares de Colombia, la justicia popular fácilmente puede salirse de control, y puede ser utilizada para servir a intereses criminales.
SUSCRIBIRME