Un nuevo informe sobre la violencia en el mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) argumenta que Latinoamérica debe ir más allá de usar un enfoque basado en las redes criminales, si lo que la región quiere es deshacerse de su condición como la más violenta del mundo.
El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014 (pdf) examina las respuestas del gobierno a la violencia en 133 países del mundo, incluyendo 21 países de las Américas, que como región registró lo que serían, de lejos, la tasa de homicidios más alta y el mayor porcentaje de homicidios por armas de fuego.
Según el informe, el 62 por ciento de los países de las Américas tienen programas para hacer frente tanto a la violencia relacionada con armas como a la relacionada con las pandillas.
Sin embargo, el informe indica que, a nivel mundial, estos programas no suelen estar basados en cifras, y que normalmente no están coordinados de forma adecuada ni cuentan con los fondos suficientes. El informe también señaló que si bien muchos países buscan hacer frente a la violencia mediante la creación de nuevas leyes, por lo general estas son mal aplicadas.
El informe de la OMS también hace una serie de recomendaciones sobre cómo los países pueden mejorar sus esfuerzos para prevenir la violencia, incluyendo un mejor uso y recolección de datos y la revisión de las leyes contra la violencia.
Análisis de InSight Crime
El informe no hace un análisis a fondo sobre el papel jugado por el crimen organizado en generar la violencia, pero no hay duda de que las redes criminales son uno de los factores que más afectan los altos índices de violencia en Latinoamérica.
A pesar de que las recomendaciones del informe no se refieren de forma específica al crimen organizado, si sirven para poner de relieve algunas de las debilidades institucionales que han permitido a las redes criminales prosperar en la región, así como algunas de las posibles maneras en que se podría mitigar este impacto, aparte de un enfoque centrado en la aplicación de la ley.
Por ejemplo, la recolección de datos y la coordinación institucional a menudo son destacados como factores clave a la hora de desarrollar políticas eficaces para hacer frente a la violencia relacionada con el crimen. Además, invertir y garantizar la eficacia de los programas educativos y sociales, en particular de aquellos dirigidos a los jóvenes vulnerables, frecuentemente son identificadas como medidas de largo plazo clave para mejorar las condiciones sociales, que a menudo son un componente importante de la forma violenta en que el crimen organizado echa raíces.
En general, el informe de la OMS implica que si Latinoamérica quiere reducir la violencia no puede concentrarse simplemente en desmantelar redes criminales, sino que también debe implementar una serie más amplia de medidas para prevenirla.
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