Un reciente informe sobre mala gestión y falta de transparencia en el aparato de seguridad de Honduras pone de relieve la amenaza de la corrupción que se origina al interior de las débiles instituciones gubernamentales.
Realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) —el capítulo hondureño de Transparencia Internacional—, el informe evaluó la transparencia y la rendición de cuentas en el Ministerio de Seguridad de Honduras. La ASJ identificó problemas en la compra de equipos y en la adjudicación de contratos, así como en la gestión de recursos humanos.
Al analizar los contratos y las compras de equipos del Ministerio, la ASJ observó que hay poco cumplimiento de las normas y los protocolos. Las licitaciones y compras fueron a menudo apresuradas, y el Ministerio pagó dineros extra a proveedores y prestadores de servicios, los cuales entregaron menos de lo pactado.
Por ejemplo, la licitación para un proyecto de construcción de seis estaciones de policía se llevó a cabo en sólo 15 días. En otro caso, los funcionarios no dieron ninguna explicación por haber elegido a Latin American Armor Company para proveer 13 camiones blindados. El Ministerio pagó más de US$1,5 millones a la empresa, a pesar de que esta no presentó la oferta más baja. Además, sólo cuatro de los camiones están actualmente en poder del Ministerio, según descubrió la ASJ.
El informe encontró similares niveles de irregularidades en cuanto a la contratación y el despido de empleados del Ministerio de Seguridad. De los policías contratados recientemente, la ASJ descubrió que sólo el 43 por ciento (100 de 230) había cumplido con todos los requisitos del proceso de certificación policial. Además, el 18 por ciento de estas nuevas contrataciones incumplieron al menos una parte del proceso, como la revisión de antecedentes o las pruebas de polígrafo, y "no debieron haber sido contratados".
En cuanto a los despidos, algunos agentes de policía continuaron cobrando sus sueldos incluso después de haber sido despedidos. La ASJ también halló "grandes diferencias" en las bases de datos de los despidos de policías, pues las declaraciones públicas de los funcionarios, según los cuales 3.000 policías corruptos habían sido destituidos, son inconsistentes con los datos revisados.Como respuesta a las conclusiones del informe, el ministro de Seguridad de Honduras divulgó un plan de mejoramiento, que cada seis meses será "monitoreado y evaluado en forma coherente y sistémica" por ASJ y Transparencia Internacional.
Análisis de InSight Crime
Suele considerarse que la corrupción estatal en Centroamérica se presenta en el contexto de criminales que amenazan a los funcionarios y ejercen influencia sobre ellos. Sin embargo, el informe de la ASJ indica que la corrupción puede emanar de las débiles instituciones del Estado.
En este caso, el común denominador en las auditorías que la ASJ le hizo al Ministerio de Seguridad de Honduras es que hay escasa supervisión y poca rendición de cuentas. La falta de supervisión permite que los funcionarios actúen por fuera de las normas, mientras que la falta de rendición de cuentas implica que se imponen pocos castigos, o incluso ninguno, cuando se sabe de casos de corrupción y mala gestión. Un resultado de esta falta de control de la corrupción y de la mala gestión es la ausencia de incentivos para mejorar, lo cual perpetúa la debilidad institucional.
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Los organismos de seguridad de Honduras, particularmente la policía, han sido habitualmente corruptos. Con los años, la reforma policial ha sido un problema insuperable que ha encontrado resistencias permanentes, incluso en la misma policía. Este panorama no permite ser muy optimista en cuanto a que los hallazgos de la ASJ llevarán a que el Ministerio de Seguridad de Honduras pueda erradicar la corrupción y mejorar la transparencia
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