Los índices de impunidad en Guatemala crecieron el año pasado aun con los procesos de alto perfil abiertos por un organismo anticorrupción de renombre, lo que pone en evidencia las limitaciones de esas comisiones independientes para generar cambios a largo plazo en los sistemas judiciales.
El índice de delitos que quedan impunes en Guatemala se situó en 94 por ciento en promedio por encima de la década anterior, pero saltó a 97,6 por ciento en 2018, según un informe publicado en junio por un apéndice judicial de las Naciones Unidas, conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
(Gráfico cortesía de Informe de la CICIG)
Los delitos de corrupción exhibieron la tasa más alta de impunidad con casi 99 por ciento, seguidos del robo, la violencia contra la mujer, los delitos de armas de fuego y la extorsión, según el informe. Los delitos de drogas resultados ser los más procesables, con solo 59 de dichos crímenes en la impunidad.
El departamento de Alta Verapaz, en el norte-centro de Guatemala —lugar de presuntos tratos dudosos entre narcotraficantes y operadores políticos en el pasado— arrojó el mayor índice de impunidad del país, con 96 por ciento. El departamento costero de Escuintla —punto álgido en homicidios en los últimos años— le siguió de cerca, con 95 por ciento, junto con los departamentos de Guatemala, Retalhuleu, Suchitepéquez y Huehuetenango, según halló el informe.
Los departamentos de Baja Verapaz, Sololá y San Marcos exhibieron tasas de impunidad de 89 por ciento, los más bajos entre los 22 departamentos de Guatemala y los únicos por debajo del 90 por ciento en 2018.
Análisis de InSight Crime
Lograr una reforma judicial duradera es una tarea monumental. Aun con una comisión anticorrupción independiente que apoye los esfuerzos del Ministerio Público de Guatemala, el nuevo informe sobre impunidad indica que el país aún tiene mucho trabajo por delante.
Los fiscales de la CICIG y la Fiscalía develaron una red de fraude aduanero que envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti a prisión en 2015. Más recientemente, los fiscales investigan a un excandidato presidencial y a varios legisladores por su presunta participación en una estructura de compra de votos para garantizar la aprobación de ciertas leyes y nombramientos en la judicatura, entre otros casos de corrupción históricos adelantados por la comisión.
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Pero a pesar de esas investigaciones de alto perfil, redes de élites establecidas en el poder —encabezadas por el saliente presidente Jimmy Morales— han trabajado sin descanso para debilitar la labor del organismo anticorrupción. Como lo afirmó en 2016 el comisionado de la CICIG Iván Velásquez, la corrupción en Guatemala es un problema “estructural” que tardará largo tiempo en resolverse, como lo evidencian los altos índices de impunidad que aún se observan en los casos de corrupción.
Con la fecha para la expiración del mandato de la CICIG fijada en septiembre de 2019, el futuro de la campaña contra la corrupción en el país es todo menos seguro. Con esto en mente, los fiscales de la CICIG recomiendan avanzar con planes en la reforma de la ley de servicio civil del país, que regula la relación entre el estado y sus servidores, para evitar la corrupción entre funcionarios e impedir que grupos del crimen organizado coopten a servidores públicos.
La CICIG también recomienda fortalecer los organismos de veeduría del Estado, repensar el recurso de la detención preventiva y reformar el proceso de selección de los jueces y fiscal general del país, que, como lo documentó InSight Crime en una investigación de 2017, en el pasado se ha visto afectada por grupos de interés.
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