Las autoridades de México solo han dictado condenas en menos del uno por ciento de las miles de investigaciones en torno al uso de la tortura que se han llevado a cabo desde 2006, según un informa reciente. El dato refleja la incapacidad del estado mexicano para frenar este tipo de abusos.
De las 27.342 investigaciones abiertas en torno al uso de la tortura en todo el país entre 2006 y 2018, solamente se dictaron 50 condenas, según datos de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Más de la mitad de las violaciones a los derechos humanos registradas durante dicho periodo fueron atribuidas a las fuerzas armadas, desplegadas por el expresidente Felipe Calderón hace casi 15 años para luchar contra los grupos del crimen organizado de México, en una “guerra contra las drogas” que aún se sigue librando.
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Según el informe, solo cerca del uno por ciento de las 36.401 denuncias de tortura presentadas a las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) fueron asentadas oficialmente en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
“Desde el comienzo de la ‘guerra contra las drogas’ hemos documentado que la tortura cometida por las fuerzas de seguridad [...] se ha vuelto cada vez más común, al punto que es considerada una práctica generalizada y a veces sistemática”, se lee en el informe de la CMDPDH.
Análisis de InSight Crime
Estos datos dejan claro que el gobierno mexicano ni siquiera ha tratado de restringir el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
Innumerables organizaciones nacionales e internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han denunciado durante años el uso “generalizado” de la tortura en México como “castigo” y como “medio de investigación”, con “alarmantes niveles de impunidad”.
Uno de los casos más llamativos de tortura generalizada se produjo en 2014 durante la desaparición, todavía bajo investigación, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el suroeste del estado de Guerrero. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señala, en un informe de 2018, que los sospechosos fueron detenidos arbitrariamente y torturados por el ejército y la policía con el fin de obtener confesiones que luego se utilizaron como prueba.
Como resultado, decenas de personas detenidas como parte de la investigación han sido liberadas.
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“El uso de la tortura impunemente en México ha sido una constante”, dice Guadalupe Correa-Cabrera, experta en seguridad en México y autora del libro “Los Zetas Inc.”, publicado en 2017.
“Es una de las muchas pruebas de la debilidad de las instituciones de justicia y seguridad de México”, dijo la experta en conversación con InSight Crime.
El gobierno mexicano suele recurrir a las fuerzas armadas para tratar de someter a los violentos grupos armados que operan en medio de un contexto de criminalidad en constate cambio, lo que ha generado niveles de violencia sin precedentes durante los últimos tres años. Eso ha llevado a un aumento de las denuncias de abusos y torturas.
El ejército no es un organismo de lucha contra el crimen, y las tasas de abuso que se han documentado al interior de la institución son un reflejo directo de ello.
Los gobiernos mexicanos se han estado pasando la pelota de la reforma de las fuerzas de policías estatales y locales, que deberían garantizar la seguridad, y en su lugar han estado creando nuevas fuerzas militarizadas.
“La creciente participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen se ha dado sin tener en cuenta las violaciones a los derechos humanos ni el hecho de que la institución no está preparada para ejercer este rol”, concluye Correa-Cabrera.
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