Las iniciativas laborales en las prisiones femeninas de América Latina apuntan a mejorar las posibilidades de empleo de las mujeres recluidas y así reducir los índices de reincidencia, pero enfrentan problemas para generar oportunidades fuera de los muros de las cárceles.
En México, la empresa social La Cana se dedica a impartir talleres de tejido, bordado, costura, macramé y tramado textil a las reclusas y también se encargan de comercializar los productos por internet.
La Cana ha implementado este modelo con éxito en cuatro prisiones femeninas en Ciudad de México y sus alrededores, lo que ha valido a las participantes un incremento de 30 por ciento en sus ingresos, según informes. Además, el 95 por ciento de las participantes usan dichos ingresos para ayudar a sus familias y el 84 por ciento para cubrir necesidades básicas en la prisión.
Este modelo no es nuevo, y varios países de América Latina tienen su propia versión. La Fundación Acción Interna en Colombia tiene varios proyectos, entre los cuales se encuentra el restaurante Interno, en la cárcel San Diego en Cartagena, el cual ha sido considerado como una de las iniciativas más exitosas.
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En Bolivia y Paraguay, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF ha desarrollado proyectos para promover la creación de empresas sociales que funcionen dentro y fuera de los centros penales. En el caso de Bolivia, el proyecto “Pan de Libertad” tenía para 2018, 220 mujeres vinculadas.
En otros casos, son empresas privadas quienes llevan a cabo este tipo de proyectos. En Perú, la marca de ropa Cárcel provee trabajo a mujeres en el Centro Penitenciario de Mujeres de Cusco, y la marca Pietá trabaja con dos prisiones masculinas y una femenina.
De acuerdo con varios estudios, la mayoría de las mujeres en prisión en países de América Latina provienen de contextos socioeconómicos deficientes, donde tienen pocas oportunidades de acceso a oportunidades educativas y laborales. Adicionalmente, un gran porcentaje de estas mujeres se encuentra en estos centros de reclusión por delitos no violentos, usualmente asociados con el narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
Es indudable que estas iniciativas contribuyen a mejorar de manera significativa las condiciones de las mujeres en los centros de reclusión en América Latina, pero estas internas siguen enfrentando grandes dificultades para emplearse al salir de la prisión.
De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), “una vez [las mujeres] terminan su condena y son puestas en libertad, sus antecedentes penales perjudican la posibilidad de encontrar un empleo decente y legal, lo cual perpetúa el círculo vicioso de exclusión social y encarcelamiento”.
Adicionalmente, muchas de estas iniciativas se concentran en trabajos que son convencionalmente considerados como “femeninos”, y que, en muchos casos, son poco remunerados en la economía formal por fuera de las prisiones. Esto quiere decir que, a pesar de generar una mejora en las condiciones al interior de las cárceles, el ciclo de desempleo y vulnerabilidad económica no se logra romper y las posibilidades de reincidencia se mantienen altas.
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Pero se están dando algunos pasos en la dirección correcta. En 2020, la Fundación Acción Interna de Colombia le dio la vuelta a los obstáculos planteados por el COVID-19 para crear una campaña educativa en línea para reclusos que enseña valiosas habilidades para su reincorporación a la sociedad, como la creación de empresas.
En México, el emprendimiento Hola Code ha enseñado programación de computadores a migrantes deportados de Estados Unidos, muchos de los cuales pasaron temporadas en custodia antes de su repatriación. El programa ha sido muy elogiado y ha logrado una tasa de empleabilidad de 88 por ciento entre sus capacitados. Este modelo se ha replicado en varias prisiones del país con buenos resultados.
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