La agencia penitenciaria nacional de Colombia anunció que dejará de recibir reclusos en los centros penitenciarios más grandes del país debido a la grave situación de hacinamiento, lo cual podría convertirse en una crítica situación de seguridad ciudadana si no se resuelve pronto.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de Colombia declaró este 7 de enero que desde comienzos de la próxima semana no se permitirá el ingreso de nuevos reclusos a las cuatro cárceles más grandes del país, según informó Señal Radio. El diario El País señaló que esta decisión se debe a la crítica sobrepoblación y a los reclamos por los salarios asignados a los empleados del Inpec.
“Lo que queremos es que se normalice el sistema penitenciario, si las cárceles están bien nosotros tendremos mejores condiciones laborales y además que se nos reconozca la jornada laboral”, le dijo un guardia a Caracol Radio.
Desde agosto del año pasado, el Inpec se ha negado a recibir personas de cualquiera de los centros de detención temporal de Colombia que aún no hayan sido condenadas por algún delito, informó El Tiempo. Hace poco, 25 personas detenidas en uno de estos centros temporales en Bogotá, la capital del país, lograron escapar. Las críticas condiciones de hacinamiento en estas instalaciones también condujeron recientemente a disturbios en la ciudad costera de Barranquilla.
Con 117.018 presos tras las rejas, el sistema penitenciario de Colombia está operando en un 53 por ciento por encima de su capacidad máxima, según información obtenida por El Tiempo.
Análisis de InSight Crime
Además de violar los Derechos Humanos de los presos y las condiciones de trabajo aceptables de los guardias, el grave hacinamiento en los centros penitenciarios de Colombia podría resultar en una verdadera amenaza para la seguridad de la población en general. La decisión del Inpec de rechazar nuevos reclusos —junto con soluciones paliativas como las excarcelaciones masivas— con el fin de aliviar la crisis en las cárceles colombianas podría llevar a que criminales potencialmente peligrosos sigan en libertad, mientras que delincuentes menores pagan largas penas innecesariamente. La alta tasa de impunidad en Colombia entre sospechosos arrestados —incluyendo algunos con múltiples capturas— contribuye a agravar este problema.
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El hacinamiento también ha convertido a muchas prisiones latinoamericanas en centros para el crimen organizado. Este fenómeno impulsó la creación de la organización brasileña Primer Comando Capital (PCC), mientras que las duras políticas penales de Centroamérica les han permitido a las pandillas (o maras) prosperar en la región del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). Aunque en Colombia no existen grandes pandillas de prisión como en otros países, en algún momento sus prisiones albergaron poderosos capos y narcotraficantes que continuaban operando incluso desde las cárceles.
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