Dos tercios de las 1,8 millones de armas en Honduras aparentemente circulan de manera ilegal, con la geografía del país y las altas percepciones de inseguridad alimentando la posesión de armas.
Según el diario La Tribuna, sólo 600.000 armas de fuego están legalmente registradas, dejando 1,2 millones de armas indocumentadas en circulación. La cifra total, si es precisa, equivale a cerca de un arma por cada cuatro personas en el país, con La Tribuna reportando una estimación de su valor total en unos US$1,8 mil millones.
Los departamentos (provincia) con la mayor concentración de armas ilegales son Cortés, Atlántida, Colón, Copán y Francisco Morazán.
El ex Director Adjunto de la Policía Nacional, Wilfredo Urtecho Jamborde, dijo que un factor clave que impulsa la posesión de armas es la percepción popular de que la seguridad no responde a los intereses de los honudreños.
El informe llega casi un año después de que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras declarara que había 500.000 armas registradas en el país y un millón circulando ilegalmente. Un informe realizado previamente por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) del país señaló una cifra aún más baja, en alrededor de 850.000 armas en total, con 258.000 registradas.
Análisis de InSight Crime
Aunque no está claro si la disparidad entre las cifras de La Tribuna y los números previamente reportados, son el resultado de un aumento significativo de las armas que circulan el país o de diferencias metodológicas, todas las cifras dibujan un serio panorama sobre la situación de armas ilegales en Honduras.
Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) situando la tasa de homicidios en 91,6 por cada 100.000 habitantes en su Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2011, Honduras es ampliamente considerado como el país más peligroso del mundo fuera de una zona de guerra. Alrededor del 80 por ciento de todos los delitos son cometidos con armas de fuego no registradas.
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A pesar de las recientes conversaciones sobre el aumento de las reglamentaciones, las leyes de armas del país siguen siendo laxas. Decir que un cambio en la ley tendría el efecto deseado es una cuestión debatible, con la evidencia sugiriendo que no hay una correlación clara entre las laxas leyes de armas y la violencia armada en Latinoamérica. Lo que queda claro es que, sin la adopción de medidas eficaces para combatir la corrupción y la arraigada actividad criminal, es poco probable que la violencia disminuya y es dudoso que la gente esté dispuesta a entregar sus armas independientemente de la ley que pase.
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