Una auditoría del gobierno a una oficina regional de registro de propiedad en una ciudad al norte de Honduras descubrió que durante años la agencia ayudó a grupos delictivos a lavar dinero, lo que representa el más reciente golpe al crimen organizado en el país.

El presidente del consejo directivo del Instituto de la Propiedad (IP) en la ciudad de La Ceiba, Ebal Díaz, anunció en una conferencia de prensa el 24 de febrero que la auditoría del gobierno descubrió 712 irregularidades en el registro de propiedades, de las cuales 466 estarían relacionadas con actos criminales de corrupción, por lo que estos casos deberán ser judicializados.

Díaz criticó la falta de coordinación de los empleados, los registros públicos fácilmente manipulables y el ambiente de desorden creado por los empleados confabulados con los grupos del crimen organizado para facilitar el lavado de dinero, según La Tribuna.

En lugar de cerrar la oficina de inmediato, los funcionarios pretenden pasar los registros para otro sitio y archivar el material en un lugar seguro para evitar mayor manipulación; asimismo, el instituto volverá a contratar a los empleados después de que hayan pasado una prueba de confianza, informó La Tribuna. Los resultados de la auditoría fueron entregados al Ministerio Público para que los investigara, aunque, según Díaz, “Los indicios son inequívocos, se están lavando activos en esa zona”.

En uno de los casos, el gobierno reveló evidencias de una propiedad que fue hipotecada diez veces sin que se le hiciera ningún registro de hipoteca. La facilidad con la que los grupos criminales manipulan los registros no es el resultado de una mala gestión, según Díaz, “es una red a nivel de todas las instituciones del Estado, nosotros solo estamos tocando una parte que es en el Registro de la Propiedad”.

Análisis de Insight Crime

Gran parte de la atención a la corrupción en Honduras ha estado centrada en las fuerzas de seguridad —una unidad policial especializada llamada “Tigres” estuvo implicada recientemente en el robo de US$1,3 millones—; no obstante, las agencias como el IP también son significativas dada su capacidad para facilitar el lavado de dinero.

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El hecho de que el gobierno auditara y anunciara la corrupción en el IP en La Ceiba es notable, especialmente a la luz de los recientes avances en materia de seguridad y de los esfuerzos por reducir la corrupción oficial. En octubre de 2014, el gobierno firmó un acuerdo con Transparencia Internacional y con la organización local Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con el fin de aumentar el nivel de transparencia, reducir la corrupción y mejorar la función de vigilancia de las organizaciones no gubernamentales y del público.

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