El gobierno mexicano expresó recientemente una disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada en enero de 2016 en Veracruz. La disculpa, inusual en un país que tradicionalmente ha evadido la responsabilidad por incidentes similares, pone de relieve una vez más los históricos niveles de impunidad en las instituciones gubernamentales.
En un evento público, los funcionarios del gobierno reconocieron los errores y aceptaron la responsabilidad del Estado en el manejo del caso de desaparición de los cinco jóvenes. Los funcionarios admitieron que varios agentes de la policía retuvieron a los jóvenes y luego se los entregaron a miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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A pesar de la disculpa, los familiares de las víctimas sienten que no se ha castigado a los responsables. En los tres años que han transcurrido desde que ocurrió el incidente, las investigaciones han llevado al arresto de 21 sospechosos. Sin embargo, no se ha llegado a ninguna condena. Tampoco se ha investigado a ningún alto funcionario de Veracruz.
Cuitláhuac García, el gobernador electo recientemente, ha puesto en marcha un plan de emergencia para disminuir el número de desaparecidos y ha solicitado ayuda de organizaciones internacionales para encontrar a los desaparecidos. Según varias ONG, más de 5.000 personas han desaparecido en Veracruz en la última década.
Análisis de InSight Crime
En las últimas dos décadas, la violencia de los carteles ha causado la desaparición de más de 40.000 personas, y se han encontrado aproximadamente 26.000 cadáveres no identificados y 1.100 fosas comunes. Pero la impunidad ha campeado por todo el país, y las investigaciones no han logrado hacer justicia a las víctimas y sus familias.
Muchas personas han comparado este incidente con algunos de los más recientes casos de desaparición forzada en el país, sobre todo con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Este caso, que se ha convertido en un símbolo de la corrupción y la impunidad en México, todavía no ha dado pie a ninguna condena.
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El presidente de México, Andres Manuel López Obrador (AMLO), se ha comprometido a reabrir la polémica investigación mediante la implementación de una comisión de la verdad y la justicia, algo a lo que se resistió la anterior administración. La propuesta de López Obrador pretende aclarar este tipo de crímenes contra los derechos humanos en los que ha habido participación de gobiernos anteriores.
Hay quienes consideran que las disculpas por parte de funcionarios del gobierno de Veracruz, que no tienen precedentes en el país, son un signo de que puede estar iniciando una nueva etapa de rendición de cuentas en México. Sin embargo, hay quienes continúan escépticos, pues consideran que lo que existen son falsas promesas y disculpas vanas. Las familias de los cinco jóvenes desaparecidos están clamando justicia y piden que los responsables sean condenados por los crímenes cometidos, algo que tradicionalmente ha sido difícil en México.
La administración de AMLO tiene la difícil tarea de recuperar la confianza pública necesaria entre las instituciones centrales y la población mexicana. Para que eso se dé, se requiere que este tipo de casos generen condenas. Si no, la reciente disculpa no hará más que resaltar la impunidad generalizada en el país.
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