Más de 400 personas están siendo investigadas por nexos con un exgobernador peruano acusado de asesinato y conspiración criminal; un caso que ha puesto de relieve el alcance de una red criminal que consiguió infiltrarse en prácticamente todas las esferas de la administración del departamento más rico de Perú.
Mesías Guevara, presidente de la comisión del Congreso encargada de investigar el caso del exgobernador César Álvarez Aguilar, afirmó que con el 60 por ciento de la indagación adelantada, más de 400 personas están siendo investigadas actualmente, informó El Comercio.
La comisión del Congreso, conocida como Comisión Áncash, fue creada en abril de 2014, luego de que se presentaran una serie de denuncias que señalaban que durante su período en la gobernación del departamento de Áncash, entre 2007 y 2014, Álvarez también dirigía una organización criminal. Según The New York Times, cada mes la red criminal repartía hasta US$1 millón en sobornos y al parecer asesinó a varios rivales. La red de Álvarez también está siendo investigada por presuntamente facilitar el envío de droga a través del puerto de Chimbote, así como por casos de corrupción relacionados con las lucrativas actividades mineras del departamento.
Entre los implicados en la red se encuentran fiscales, jueces y oficiales de la policía, quienes presuntamente hacían parte de la empresa criminal de Álvarez.
Análisis de InSight Crime
La cantidad de personas implicadas en el caso, así como la amplitud de la investigación, que después de un año ha completado un poco más de la mitad del proceso, ilustran la profundidad de la infiltración de la red de Álvarez en el gobierno local, y llevan a preguntarse por qué el grupo criminal no fue detectado por el gobierno nacional durante tanto tiempo.
En términos generales, la corrupción parece ser un problema endémico en Áncash. En septiembre pasado, el Ministerio Público estimó que se presentaron más de 1.200 denuncias por corrupción contra funcionarios públicos e instituciones en el departamento, y que un 60 por ciento de éstas involucraban al gobierno local, informó El Comercio.
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Sin embargo, estos problemas no son exclusivos de Áncash. El año pasado, en Perú se eligieron al menos seis gobernadores que estaban bajo investigación o que en algún momento habían sido acusados de cometer algún delito. En julio de 2014, la Fiscalía Anticorrupción de Perú reveló que el 92 por ciento de los alcaldes del país —de un total de 1.699— estaban siendo investigados por corrupción.
No obstante, también hay indicios de que las autoridades peruanas están tomando medidas para combatir el problema, incluyendo la exclusión de más de 300 candidatos políticos con registros criminales de las elecciones de octubre de 2014. El hecho de que una comisión del Congreso esté tomándose el tiempo necesario para investigar las actividades de Álvarez en Áncash es una señal prometedora de que el gobierno está haciendo esfuerzos para eliminar la corrupción de la política local.
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