Investigación sobre expresidente de Paraguay refleja tendencia regional

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Funcionarios de Paraguay han abierto una investigación criminal sobre el expresidente Federico Franco, lo que sugiere que Paraguay podría seguir el camino que recientemente han tomado otros países de Latinoamérica e intente derribar una importante figura que antes era intocable.

El 20 de octubre, el fiscal general de Paraguay anunció que Federico Franco, presidente provisional entre 2012 y 2013, está siendo investigado por los delitos de lavado de dinero, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Franco no logró explicar satisfactoriamente el origen de activos valorados en más de US$1 millón, dijeron los fiscales. Junto con el senador Ramón Gómez Verlangieri, quien también está bajo investigación, Franco está acusado de usar una cuenta corriente para llevar a cabo transacciones financieras sospechosas.

El fiscal general dijo que la investigación aún está en sus etapas preliminares y que los investigadores les están solicitando información sobre los activos de Franco y Verlangieri a varias entidades públicas y privadas.

A la par, este lunes comenzó el juicio de difamación contra el abogado Paraguayo Cubas, quien había acusado a Franco y a su esposa Emilia Alfaro (quien actualmente es senadora) de robar dineros del gobierno. Cubas anunció que está dispuesto a defender sus afirmaciones en la corte, según informó Hoy.

“Estamos dispuestos a ir al final”, dijo Cubas, “y ojalá que pronto Federico Franco sea el primer expresidente preso y que Emilia Alfaro sea la primera exprimera dama encarcelada”.

Franco, miembro del Partido Liberal, fue vicepresidente, y luego asumió la presidencia en junio de 2012, cuando el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido de su cargo.

Análisis de InSight Crime

La corrupción ha afectado durante mucho tiempo a las instituciones del Estado paraguayo, y las élites políticas del país se han visto implicadas con frecuencia en actividades delictivas.

Cuando asumió el cargo en 2013, el sucesor presidencial de Franco, Horacio Cartes, acusó a las instituciones del Estado de corrupción y participación en redes de contrabando. Sin embargo, el mismo Cartes ha sido vinculado a actividades de contrabando, narcotráfico y lavado de dinero.

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Los administradores del poder paraguayos han solido gozar de impunidad por sus negocios turbios. Sin embargo, la investigación sobre Franco puede ser indicio de una mayor firmeza de los fiscales paraguayos, lo cual abre la puerta para un mayor escrutinio sobre quienes tienen cargos privilegiados en la sociedad.

Aunque enjuiciar a dichas figuras sigue siendo un reto enorme con numerosos obstáculos por superar, el fiscal general de Paraguay podría estarse inspirando en procedimientos similares en la región. Las investigaciones sobre élites corruptas ya derribaron un gobierno en Guatemala, y se están adelantando otras investigaciones contra presidentes y expresidentes en numerosos países latinoamericanos, como Brasil, Perú, Panamá y Colombia.

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