Los más recientes avances en el caso de corrupción que derrocó a la vicepresidenta de Guatemala han generado enfrentamientos entre los investigadores que luchan por acabar con la impunidad y un viejo enemigo que amenaza con socavar sus esfuerzos: los jueces corruptos.
El 8 de mayo, las autoridades guatemaltecas arrestaron a tres abogados que representan a los acusados en el caso de fraude aduanero de “La Línea”, que obligó a la vicepresidenta Roxana Baldetti a renunciar a su cargo. Los abogados están acusados de dirigir lo que los investigadores llaman un “bufete proveedor de impunidad”, que ofrecía a sus clientes acceso a contactos corruptos en el sistema judicial.
En el caso de La Línea, el presunto contacto corrupto era la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —que inició la investigación—, una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas muestran que los principales acusados por este caso lograron conseguir arresto domiciliario sin vigilancia en lugar de ir a prisión, así como fianzas reducidas, mediante abogados que compraban a la jueza.
Además de las detenciones, la CICIG ha presentado una solicitud para que la jueza sea retirada del caso y sometida a un juicio político.
El escándalo también involucra a la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, cuyo nombre fue mencionado en las conversaciones interceptadas, informó AP. Sin embargo, Stalling le dijo a Prensa Libre que los nombres de las dos juezas se habían confundido —González de Stalling es cuñada de Blanca Stalling—.
Análisis de InSight Crime
El caso de La Línea —en el que el secretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti aparentemente lideraba una red de corrupción que ganó millones de dólares mediante un fraude fiscal aduanero— ha sacudido los cimientos del sistema político de Guatemala y podría tener un impacto más profundo que el que haya tenido cualquier otra investigación de la CICIG durante sus ocho años de existencia.
Sin embargo, para lograr condenar a los poderosos miembros de la presunta red de fraude, la CICIG y los fiscales primero tendrán que derrotar la corrupción profundamente arraigada en el sistema judicial, que durante mucho tiempo les ha permitido a las élites disfrutar de impunidad generalizada.
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La CICIG seguramente estará consciente de esta situación, pues en el pasado ha destinado recursos considerables para desenmascarar dicha corrupción. La investigación sobre el llamado “bufete proveedor de impunidad” se presenta después de que un informe publicado en 2012, llamado “Los jueces de la impunidad”, identificara a 18 jueces que consistentemente habían tomado decisiones arbitrarias a favor de grupos del crimen organizado.
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