Según una investigación reciente, Argentina alberga por lo menos 1.500 pistas de aterrizaje clandestinas para la introducción de droga por vía aérea en el país, proporcionando más material a la revigorizada campaña del gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Las pistas son usadas por las organizaciones de tráfico regionales para introducir cocaína, marihuana, base de coca y otras sustancias, según la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Los puentes aéreos resultantes brindan una alternativa a las rutas terrestres, como la Ruta 34, una de las autopistas de mayor circulación del país.
“No existe provincia [en el norte de Argentina] que no tenga por lo menos 60 pistas”, declaró el representante de la asociación Claudio Izaguirre a el Liberal. Calificó el número de pistas clandestinas como “horroroso” y dijo que sus usuarios “parecen intocables”.
Las fuerzas de seguridad del país afirman que cerca del 80 por ciento de las drogas ilícitas que ingresan a Argentina llegan por aire en cerca de 120 vuelos que llegan y salen cada día. Izaguirre dijo que el crimen organizado transnacional (COT) se aprovecha del hecho de que el país no está tomando las medidas necesarias para el control de su espacio aéreo, sin cobertura suficiente de radares para detectar esos vuelos.
Análisis de InSight Crime
Argentina es uno de los mayores mercados para la cocaína en Suramérica, así como uno de los puntos de salida para la cocaína con destino a Europa. Los vecinos regionales, Perú, Colombia y Bolivia, son los principales productores de coca de la región, y Argentina comparte una frontera con Bolivia y Perú, que también están cubiertos de pistas clandestinas.
Los vecinos Colombia y Paraguay son también dos de los países proveedores más importantes de la marihuana que se vende en los mercados internacionales: en 2014 Suramérica representó 24 por ciento de los decomisos de la hierba, según el último informe mundial sobre drogas (pdf) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).
En el pasado, Argentina ha hecho esfuerzos para hacer frente a las pistas de aterrizaje ilegales en su territorio, debido a preocupaciones por el narcotráfico aéreo.
El presidente Mauricio Macri introdujo varias nuevas medidas para fortalecer la política de seguridad del país contra el crimen organizado desde que asumió el poder en 2015, en los ámbitos nacional y regional. Una de sus decisiones más polémicas fue un decreto de gobierno que autorizaba el derribo de vuelos sospechosos de traficar drogas, que estará vigente como mínimo por lo que queda de 2016.
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Las encuestas señalan que esas políticas elevarán su popularidad, por la percepción de incremento del narcotráfico en Argentina. Pero sus críticos dicen que él ha fomentado esa percepción, y que el presidente ha ido demasiado lejos en lo que algunos llaman el ingreso del país a la “guerra contra la droga”, algo de lo que se habían apartado sus predecesores en la presidencia, los Kirchner.
Aunque ese número de pistas ilegales de aterrizaje es considerable, y es probable que el gobierno de Macri las mantenga como objetivo, su existencia indica que las iniciativas de erradicación pasadas y actuales pueden no estar funcionando. Tras la destrucción de unas pistas pronto surgen otras nuevas, y los paquetes con drogas pueden lanzarse de aviones que pasan sin necesidad de aterrizar.
Al menos una parte de los recursos que Argentina dedica a combatir la droga podrían emplearse mejor en estrategias desarrolladas en alianzas regionales de seguridad con otros países suramericanos.
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