Una serie de allanamientos policiales en una ciudad argentina de ubicación estratégica, mediante los cuales se buscaba evidencia de vínculos entre narcotraficantes y funcionarios oficialistas, demuestra que la independencia del poder judicial puede estar en alza, pero esta autonomía puede enfrentar resistencia.
El 8 de mayo, la Policía Federal Argentina ejecutó órdenes de allanamiento en las casas y oficinas de altos funcionarios de la municipalidad de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, en el noreste del país, un corredor clave de las drogas que ingresan a Argentina desde Paraguay.
Según informes de medios locales, los allanamientos buscaban evidencias de corrupción relacionada con el narcotráfico, por parte de funcionarios locales, incluido el intendente Sergio Varisco, quien es miembro de Cambiemos, el partido político del presidente de Argentina, Mauricio Macri.
En particular, las autoridades parecen estar examinando la relación entre Varisco y Daniel “Tavi” Celis, un empresario local actualmente en prisión bajo cargos de asalto, a quien las autoridades acusan de estar involucrado en tráfico de drogas a gran escala.
Un periodista local alegó la existencia de vínculos entre el gobierno local y grupos narcotraficantes en el 2015, cuando Varisco fue elegido intendente de Paraná. En el 2016, después de haber sido encarcelado por asalto, Celis publicó un mensaje en Facebook en el que se describía como un “preso político” y amenazaba con contar “toda la verdad de cómo [Varisco] llegó a ser intendente de la ciudad”.
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La investigación se profundizó en mayo de 2017, cuando las autoridades interceptaron un avión cargado de drogas y arrestaron a dos hombres cercanos a Celis, incluyendo a su hermano, Miguel Ángel “Titi” Celis. En un allanamiento en la casa de Miguel Ángel, las autoridades supuestamente encontraron un papel con los nombres de Varisco y otros funcionarios en una lista al lado de varios montos de dinero.
Durante los meses siguientes, surgieron grabaciones de conversaciones que sugieren que Celis apoyó la candidatura de Varisco a la intendencia en el 2015 y que contribuyó 100.000 pesos argentinos (aproximadamente US$4.400) a su campaña.
El intendente y otros funcionarios, quienes están siendo investigados, han negado las acusaciones. Varisco hasta parece haber elogiado la investigación en torno a sus posibles lazos criminales, diciendo que “esto demuestra que hay un Poder Judicial independiente, que no hay interferencia del poder político”.
Análisis de InSight Crime
La larga investigación que apunta a Varisco (quien no ha sido formalmente acusado de ningún delito) es una señal de que el poder judicial en Argentina está desarrollando la independencia necesaria para perseguir a figuras poderosas asociadas al partido gobernante. Pero en otros casos en América Latina, la creciente independencia judicial se ha chocado con el rechazo de las élites.
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Las autoridades también han apuntado de manera firme contra políticos de la oposición sospechosos de corrupción relacionada con el tráfico de drogas. Pero perseguir a todos puede llevar a que los sospechosos se unan.
Tal como ha ocurrido en varias instancias en América Central, una alianza de este tipo puede generar una resistencia política significativa contra esfuerzos bienintencionados para eliminar la corrupción.
El escándalo alrededor de un miembro de Cambiemos también puede generar presión en otros miembros del partido para que eviten meterse en problemas, y así poder cosechar las recompensas políticas del muy publicitado compromiso de Macri de luchar contra la corrupción y al mismo tiempo evadir las embarazosas insinuaciones de hipocresía.
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