Investigaciones de México sobre Odebrecht están estancadas por politización

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Es probable que los fiscales de México hayan reunido suficiente evidencia para levantar cargos contra funcionarios que presuntamente aceptaron sobornos de Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño, pero la politización de las investigaciones y el débil sistema judicial del país podrían estar estancando los procesos.

Los casos criminales que comprometen a funcionarios mexicanos en el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica están “atrapados en un limbo legal”, pues los fiscales “se niegan a presentar cargos porque ello puede lesionar al partido gobernante antes de las elecciones presidenciales”, según informó The New York Times el 11 de junio.

A finales de 2016, el conglomerado de la construcción brasileño Odebrecht llegó a un multimillonario acuerdo anticorrupción con Estados Unidos, Brasil y Suiza. Como parte de la declaración de culpabilidad de Odebrecht, la compañía admitió haber pagado US$10,5 millones en sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de US$39 millones en contratos entre 2010 y 2014.

En los años posteriores, se han abierto dos investigaciones federales diferentes por los sobornos en México, pero ambas se han estancado, según fuentes familiarizadas con los casos y documentos revisados por The New York Times.

Una investigación que abrió la Fiscalía General de México a principios del año pasado permitió “acumular suficientes pruebas desde hace meses como para poder levantar cargos contra los sospechosos” de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), pero “hay demasiadas presiones políticas […] para que el caso avance”, informó The New York Times.

Aunque el exfiscal general de México, Raúl Cervantes, afirmó que las investigaciones habían culminado antes de que él dejara el cargo en octubre de 2017, su sucesor, Alberto Elías Beltrán, se ha negado a revelar detalles del caso, alegando que el mismo está en curso.

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Una segunda investigación federal, iniciada en agosto de 2017 por Santiago Nieto, fiscal especial de México para los delitos electorales, también se ha estancado. Este caso busca determinar si el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, recibió fondos ilícitos para su campaña por parte de Odebrecht mediante pagos supuestamente realizados a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex que ejerció como coordinador de vinculación internacional de Peña Nieto durante su campaña de 2012.

Según The New York Times, la investigación en torno a Nieto “se empezó a ver estancada por la burocracia” y por pleitos con los abogados de Lozoya Austin. Luego, días después de solicitarle a la Fiscalía General el permiso para obtener información de la cuenta bancaria vinculada al caso, el fiscal especial fue despedido en octubre de 2017.

Análisis de InSight Crime

Del grupo de países latinoamericanos involucrados en el escándalo de Odebrecht, México, donde ningún funcionario ha sido acusado todavía, es quizá el caso más claro de cómo la politización y un débil sistema judicial pueden entorpecer las investigaciones, a pesar de la abundancia de evidencias que vinculan a las élites con el caso de corrupción.

Dado que las elecciones se avecinan el próximo mes, es probable que los cargos relacionados con Odebrecht continúen siendo entorpecidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualmente en el poder. “En última instancia, la indignación por cualquier tipo de encubrimiento puede ser menos perjudicial para el partido que seguir destapando más acciones corruptas en un juicio”, dijeron las fuentes de The New York Times.

Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus iniciales en inglés), le dijo a InSight Crime que el estancamiento de las investigaciones en torno a Odebrecht es representativo de lo lejos que los políticos mexicanos están dispuestos a ir para “evitar investigar a los funcionarios vinculados con la corrupción”.

Meyer dice que, aunque “en México hay mucha evidencia que podría conducir a una investigación más sólida”, prácticamente todos los grandes casos de corrupción en el país han sido bloqueados por la falta de voluntad de los principales partidos del país para investigarse a ellos mismos y a otras élites, y por su influencia directa sobre el poder judicial.

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Según Meyer, la destitución del fiscal especial Nieto durante su investigación en torno al consejero de confianza del presidente, Lozoya Austin, demuestra cómo, en el “políticamente influenciado” sistema judicial actual, “si uno se acerca demasiado, es despedido”.

Meyer señala que la creación de una Fiscalía General independiente y con suficiente capacitación, y la implementación de las reformas contra la corrupción que ya están aprobadas, podría ayudar enormemente a reducir la interferencia política y permitir que las investigaciones progresen.

Sin embargo, incluso si se hacen avances en estos frentes, Meyer dice que el siguiente reto consistirá en conseguir apoyo internacional para fortalecer la capacidad de los fiscales mexicanos para enfrentar “los complejos casos” de corrupción en los altos niveles.

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